La juez ha dejado en libertad a los dos detenidos por organizar la "rave" de fin de año que se celebró durante 40 horas en Llinars de Vallès (Barcelona), aunque tendrán que comparecer periódicamente en el juzgado por esta causa, abierta por los delitos de resistencia a la autoridad y desobediencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los dos detenidos han comparecido este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granollers (Barcelona), en una sesión en que únicamente han contestado a las preguntas de sus abogados.

La juez ha acordado dejar en libertad provisional a los dos detenidos, aunque ha fijado comparecencias periódicas para ambos en el juzgado.

Respecto a otros cuatro identificados por los Mossos d'Esquadra en esta causa, serán citados a declarar cuando la juez lo considere oportuno, a medida que avance la instrucción de la causa, abierta por resistencia y desobediencia.

A consecuencia de esa fiesta ilegal de Nochevieja, la policía catalana detuvo a estos dos supuestos organizadores: una chica holandesa de 29 años y un chico de Tarragona de 22, que, además, se enfrentan a una sanción administrativa de hasta 600.000 euros por incumplir la normativa anti-COVID-19.

La Consellería de Interior requirió el pasado sábado a la Fiscalía para que determinara si los organizadores de la fiesta pudieron cometer también un delito contra la salud pública, si bien por el momento la causa se mantiene abierta por resistencia a la autoridad y desobediencia.

En la fiesta se identificaron a 215 asistentes, la mayoría extranjeros, que pueden ser sancionados con multas de hasta 3.000 euros por saltarse las medidas contra la pandemia.

En el desalojo de la nave en la que se celebraba la fiesta, los Mossos practicaron 61 pruebas de alcoholemia, que dieron negativo, y una de consumo de droga, que dio positivo.

También levantaron 30 actas por los vehículos estacionados en las inmediaciones con documentación caducada, algunos también la ITV, y decomisaron todos los equipos electrónicos y de sonido que se usaron en la fiesta.

El director general de los Mossosexplicó que más de 200 policías de diferentes unidades participaron en el operativo que se puso en marcha para desalojar la 'rave', que comenzó el pasado jueves en una nave abandonada y que ha durado más de 40 horas.

El consejero de Interior, Miquel Sàmper, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, explicaron en conferencia de prensa que de los 215 asistentes indentificados, 100 son españoles, 35 franceses, 10 italianos, 3 andorranos y hay otros participantes procedentes de Austria, Países Bajos y Luxemburgo.

Al tener conocimiento de los hechos, los Mossos establecieron el mismo 31 de diciembre un dispositivo centrado en minimizar la movilidad de los asistentes y evitar nuevas entradas. La prioridad en ese momento, ha destacado Ferrer, era "garantizar la seguridad de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña" con los más de 3 000 agentes desplazados por todo el territorio.

Dada la magnitud de la fiesta y la imposibilidad de concentrar todos efectivos necesarios en Llinars, pues, la policía catalana decidió no realizar una "operación precipitada" y posponer el desalojo.

"Ayer tampoco se hubiera podido producir (el desalojo) con todas las garantías, ni para los asistentes ni para la policía", detalló Pere Ferrer. "Había que planificar un dispositivo con cara y ojos para que de aquí no se fuera nadie sin pagar su responsabilidad", subrayó.

Joaquín Boadas, portavoz de Spain Nightlife ha confirmado a Informativos Telecinco que se personará como acusación particular en el caso de la Rave de Llinars. Su indignación es evidente ante la tardanza de 40 horas en actuar cuando al ocio nocturno legal se le cierra de un día para otro. No solo eso, Bodas señala que alertaron a la Generalitat de la celebración de 500 fiestas ilegales y nadie hizo nada. Y no confían en que se les impute a los detenidos más que un delito de desobediencia penado con un año de cárcel, pero que no conlleva multa económica. Pide al Congreso un proyecto de ley que incluya en el código penal el delito de propagación de la enfermedad.