La Ertzaintza ha detenido al dueño del vertedero de Zaldibar (Vizcaya), donde los cuerpos de dos operarios siguen desaparecidos después de cinco meses. Junto a él han sido detenidos otros dos altos cargos de la planta, de la empresa Verter Recycling 2002: el director técnico y la gerente.

Fue el pasado seis de febrero cuando se produjo el derrumbe de miles de toneladas de residuos almacenados en el vertedero, --algunos de ellos muy perjudiciales para la salud, con presencia de amianto, para lo cual no existía autorización--, lo que provocó que los dos trabajadores de la escombrera quedasen sepultados. A ello, además, le siguió un incendio que disparó todas las alarmas por la emisión de dioxinas y furanos, compuestos muy tóxicos que, --a largo plazo--, pueden incluso llegar a producir cáncer. Lo normal es que los niveles en el aire se sitúen entre 10 y 50, pero los análisis efectuados entonces en Zaldibar daban entre cuarenta y cincuenta veces más.

La causa por el derrumbe se instruye ahora en dos juzgados del País Vasco: en uno de Durango (Vizcaya) se lleva la desaparición de los dos empleados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, y en otro de Eibar, las denuncias por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente.

"Indicios de criminalidad"

Fuentes del departamento vasco de Seguridad han informado de que, "por orden judicial", se han llevado a cabo las detenciones del propietario de la escombrera, Luis Barinaga; la administradora única de la empresa Verter Recycling 2002, Arrate Bilbao, y el director técnico del vertedero.

La Ertzaintza remitió a principios del pasado mes de junio un informe a uno de estos juzgados en el que informaba al instructor de que apreciaba "indicios de criminalidad" en la gestión del mismo.

Por otro lado, en otro informe enviado a la Fiscalía del País Vasco por la consejería vasca de Medio Ambiente también se aportaba el reconocimiento de la empresa de que días antes de producirse el colapso de la escombrera habían tenido conocimiento de la aparición de algunas grietas en la misma, sin que se detuviesen los trabajos de descarga de residuos.

Tanto la Ertzaintza como la consejería vasca de Medio Ambiente apreciaban en sus informes la posible comisión de dos delitos, uno contra los recursos naturales y el medio ambiente, por ponerse en "riesgo grave" el entorno natural y "la salud de las personas", y un segundo contra los derechos de los trabajadores.