Los datos, según el estudio 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha publicado la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), detallan que el aumento de los lanzamientos practicados es consecuencia del incremento del 6,1% que han experimentado los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

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Así, mientras que 10.491 lanzamientos tuvieron como motivo el impago del alquiler, lo que significa el 61,2% del total de desahucios; los derivados por ejecuciones hipotecarias fueron 5.672, lo que supone el 33,1%; por su parte, los 989 restantes, el 5,7% total, se han realizado por otras causas.

El informe también refleja el número de lanzamientos que se han solicitado en ese periodo a los servicios comunes de notificaciones y embargos. Eso sí, con la advertencia de que “este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos”.

También recoge que el hecho de que se solicite realizar un desahucio al servicio común “no supone que éste lo haya ejecutado”. Es más, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2018 fue de 20.526, un 7,2% más interanual. De ellos, 12.398 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 4%.

Por último, los datos relativos a las ejecuciones hipotecarias presentadas muestran que estos sumaron un total de 7.216, lo que supone un descenso del 6,2% con respecto al mismo trimestre de 2017. No obstante, el CGPJ observa una desaceleración en la disminución de estas ejecuciones, pues en los siete trimestres anteriores las reducciones oscilaron entre el 26% y el 46,5%.