El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspende de forma cautelar la prohibición del burka en Lleida

Así lo ha anunciado hoy en declaraciones a EFE el abogado Carles Antolí, letrado del bufete barcelonés Abocam, que representa gratuitamente a la asociación musulmana que interpuso el recurso, la entidad Watani para La Libertad y la Justicia de Lleida.

La asociación islámica interpuso un recurso contencioso-administrativo el pasado mes de noviembre al considerar que la prohibición vulnera los derechos fundamentales de las mujeres musulmanas, ya que supone una discriminación por razones religiosas.

En su recurso, la entidad pidió la anulación de los artículos que prohíben entrar a edificios municipales con velo islámico y la suspensión de la ejecución de la ordenanza como medida cautelar.

Ahora, después de haber escuchado al consistorio y al Ministerio Fiscal, el TSJC ha decidido conceder la suspensión cautelar de la aplicación de la prohibición.

El alto tribunal catalán argumenta que su ejecución podría comportar perjuicios muy difíciles de reparar, en el caso de que se acabase estimando el recurso, para las personas a las que se les impida la entrada en los edificios públicos leridanos.

En cambio, señala el TSJC en su auto, la suspensión de su ejecutividad no genera perjuicio alguno, ya que la legislación vigente ya prevé la obligación de los ciudadanos de identificarse a requerimiento de una autoridad o funcionario legitimado para ello, de manera que "ni la seguridad ni el orden público se ponen en peligro".

Aunque el auto no entra en el fondo sobre la legitimidad de la prohibición del burka, Antolí se ha mostrado muy satisfecho con esta argumentación ya que en su recurso se incluye la petición de la anulación de la ordenanza al considerar que es innecesario debido a que existe una normativa estatal que regula esta cuestión.

Ahora el TSJC deberá decidir en las próximas semanas sobre el fondo de la cuestión.

El Ayuntamiento de Lleida ya empezó a aplicar la prohibición del uso del burka en edificios públicos el pasado 9 de diciembre, día que entró en vigor la nueva normativa.