La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Paqui Granados, y a la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, han negado este miércoles su participación en los hechos, tras acogerse a su derecho a no declarar en base al "secreto profesional", en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde estaban citadas para declarar como investigadas por "su presunta intervención" como "inductoras" o "partícipes necesarios" en una supuesta sustracción de los hijos de Juana Rivas.

"Bajo ningún concepto" las funcionarias han "inducido, apoyado o cooperado" en una supuestas sustracción de menores ni en el caso de Juana Rivas, la madre que ha estado casi un mes ilocalizable tras no acatar la orden judicial de devolver los hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ni en el de las más de 100 mujeres que cada año pasan por el Centro Municipal de la Mujer de Maracena.

Así lo han indicado en declaraciones a los periodistas tras permanecer en sede judicial unos 15 minutos, entre muestras de apoyo, a las que se ha sumado el alcalde de la localidad maracenera, Noel López (PSOE), y varios de sus concejales, a las puertas de los juzgados de Caleta.

Decenas de miembros de asociaciones de mujeres y trabajadoras de otros centros municipales de Información a la Mujer granadinos han acompañado a las funcionarias a su llegada a los juzgados de Caleta, con consignas como "Ninguna agresión sin respuesta", "Si tocan a Paqui, nos tocan a todas" o "Todas somos psicólogas", en relación con su labor profesional en el caso de Juana Rivas, que devolvió los hijos al padre Francesco Arcuri, residente en Italia, este pasado lunes.