Nueve años después que descarrilara el tren Alvia en Angrois (Galicia), en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas, dará comienzo el macrojuicio en Santiago de Compostela el próximo 5 de octubre. En el que se sentarán 522 testigos y dos acusados para esclarecer aquel fatídico accidente que marcó al pueblo español.

El mayor juicio nunca visto en la historia judicial gallega supondrá un importante dilema por su difícil procedimiento, al que acudirán más de un centenar de letrados, así como por la duración, que se extenderá durante los próximos nueve meses, ya que tendrán que declarar más de 600 personas entre testigos y peritos. Las sesiones se celebraran en el Centro de Innovación Cultural (CINC) de Santiago, debido a la inviabilidad de celebrarlo en los juzgados compostelanos. La Xunta ha habilitado allí más de 1.000 metros cuadrados de salas, que ya están preparadas para albergar el evento.

La investigación se cerró con dos únicos acusados: el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, que circulaba con un exceso de velocidad (191 kilómetros en una curva limitada a 80); y el director de seguridad en la circulación de ADIF en el momento en el que se puso en funcionamiento la línea, Andrés Cortabitarte, responsable de velar por la seguridad de la vía y de que se hiciese un adecuado control de riesgo.

En total, se les imputan 80 delitos de homicidio al cometer una imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito de daños. Ambos comparecerán entre los días 5 y 7 de octubre, aunque también se les han reservado los días 13, 14, 19 y 21 por si tuviesen que extender su comparecencia.

La Fiscalía ha solicitado para el maquinista y el director de seguridad una pena de cuatro años de cárcel, así como ha pedido que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo que dure la condena. Al igual que para Cortabitarte, para el que han pedido que sea inhabilitado para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad de infraestructuras ferroviarias durante el mismo tiempo.

Pero ambos han pedido por escrito la absolución ante el tribunal. El abogado que ejerce la defensa de Garzón, Manuel Prieto, señala que confía en que "se aclare toda la verdad" y "se determinen las causas del accidente". "Que era una línea carente de análisis de riesgo y sin sistemas de seguridad es la esencia y la causa principal". Por parte de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, el portavoz de la asociación, hace hincapié en que lo que buscan es "que la gente conozca la verdad" de lo sucedido, "a mayores de depurar responsabilidades".

El pasado lunes se concentraron ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, "por sus mentiras y maniobras de ocultación", después de que se filtrara la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la "gravedad" de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español --que solo señala al maquinista--.

Las 446 personas perjudicadas por el accidente serán agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 abogados y representados por 47 procuradores. Por otro lado hay otros 53 perjudicados que no están representados por abogados y procuradores, por lo que su acusación será ejercida por el Ministerio Fiscal.

El juzgado ha dispuesto el 25 de octubre como la fecha en la que comenzarán a declarar los 522 testigos, entre los que se encuentran policías, vecinos de Angrois y empleados y cargos de Renfe y ADIF. El turno para los 126 peritos comenzará a partir del 24 de noviembre.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros. La cual va reclamada a: QBE (aseguradora de Renfe); Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de ADIF); Renfe Operadora; ADIF; el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de ADIF en el momento de los hechos.