Con solo 15 años a María Islam Sirajul le dieron la terrible noticia: su padre tenía unos billetes de avión y la iban a llevar a Bangladesh para casarse. Los padres repudiaban su vida occidental, la maltrataban y querían forzarla a volver a su país a llevar una vida sumisa. Escapó con lo puesto, pasó por casas de acogida, siempre huyendo. El pánico era tal que incluso pidió una orden de alejamiento de sus padres por el miedo que tenía a que la encontraran en la calle y se la llevaran. Los asesinatos de las pakistaníes Arug y Anisa la han confirmado en sus ideales: “ser una mujer libre”. El tío materno, Muhammed Hanif, y el hermano de éstas, Shehryar Abbas, estrangularon y mataron el pasado viernes a las hermanas de 20 y 24 años, Aneesa Abbas y Arooj Abbas, por no querer casarse de manera forzada.

En España, los distintos cuerpos policiales han detectado 27 matrimonios forzados desde el año 2015, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría de casos en España (14) han sido mujeres que vivían en Cataluña y viajaban a su país para casarse contra su voluntad. 

El Código Penal establece en su artículo 172 bis penas de prisión de seis meses a tres años y seis meses o bien multas de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, para aquellos que obliguen a una persona a contraer matrimonio "con intimidación grave o violencia". Las condenas se agravan si las víctimas son menores de edad.

Los Mossos, el único cuerpo policial con un registro específico de este tipo de delito, han evitado en los últimos meses hasta cuatro matrimonios forzados, tres de ellos con menores.  De hecho, una chica menor de edad  se escapaba de casa a los padres el pasado jueves para denunciar a los Mossos d'Esquadra que sus progenitores querían casarla a la fuerza con un hombre de su país de origen, Bangladesh, que ni siquiera conocía . En la comisaría del Raval, explicaba, que sus padres le habrían amenazado con que si no lo hacía ella, quien debería casarse sería su hermana, aún menor.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia ( DGAIA ) de la Generalitat tiene bajo tutela a las dos hermanas por el riesgo que hay de que los progenitores, de todas formas, se las lleven a Bangladesh para consumar el enlace. De hecho, los padres ya habían comprado los billetes de avión en el momento en que la joven pedía ayuda a la policía. Los derechos de las niñas no estaban garantizados y, por eso, las autoridades han actuado. Es lo que técnicamente se llama un desamparo preventivo , o lo que es lo mismo, una situación de desamparo indiciariamente objetivada con peligro inmediato y necesidad de una intervención urgente.