Un total de 5.950 personas fallecieron en Madrid capital entre el 15 y el 31 de marzo, la mayoría como consecuencia del coronavirus, frente a los 1.100 que se registró en el mismo mes que el año anterior, según datos del Registro Civil.

Son datos ofrecidos esta mañana por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, donde ha señalado que la media de muertos en un día normal en la región suele ser de 90 a 100, mientras estos días ha habido días con hasta 500 fallecidos.A tenor de estos datos, la cifra de muertos se ha disparado, al ser 5,4 veces superior a la registrada durante el mismo periodo del años pasado.

En cuanto al confinamiento voluntario propuesto por el Gobierno para aislar a asintomáticos, López ha señalado que en "un sistema democrático no caben confinamientos obligatorios sin el consentimiento del ciudadano o una autorización judicial", insistiendo en que nadie "puede poner en duda" que se vive en un estado democrático con "garantías constitucionales y Poder Judicial" pese a la "ensoñación momentánea comunista de algunos ministros" en alusión al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Así, ha destacado que esta medida anunciada por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refiere a quienes "no quieran comprometer a sus familias" siempre bajo criterios de estricta "necesidad y proporcionalidad".

Por otro lado, López ha subrayado que la situación en el sistema funerario está "mejorando" de forma paulatina "día a día", cifrando en 235 los fallecidos en las última horas por una causa directa atribuida al coronavirus.

Al respecto, ha recordado que hace quince días el Gobierno regional decidió habilitar el Palacio de Hielo como morgue cuando se observó que estaba "colapsado" el sistema funerario, seguido de la habilitación del edificio del Instituto de Medicina Legal ubicado en el madrileño barrio de Valdebebas y del Palacio de Hielo de Majadahonda. El consejero madrileño también ha querido subrayar que en la Comunidad de Madrid se adelantaron "notablemente" a esta crisis, ya que el pasado 6 de marzo se prohibieron ya las visitas a los centros de mayores porque eran "conscientes" de lo que venía.

"El ministro nos decía que tranquilidad y se produjo el 8 de marzo, el ventilador del virus, y el 9 de marzo, el Gobierno cerró los colegios y las universidades. Veíamos que era tremendo, el 7 de marzo ya había 500 casos confirmados y 17 fallecidos. Con esos datos, otros países como Portugal estaban con confinamiento", ha recordado. Además, ha destacado que los datos de estos días "son positivos" porque las urgencias hospitalarias han bajado "muchísimo", indicando que hay un total de 13.000 personas actualmente hospitalizadas.

En cuanto a la mortalidad, ha indicado que el ministro de Sanidad determinó que para medir la evolución solo se contaría a los fallecidos por Covid-19 confirmados sin computar a las personas sospechosas de haber contraído el virus, señalando que ha habido muchos fallecidos en domicilios, residencias y otros lugares. "Veíamos venir un problema que era la población envejecida que iba a ser asolada por este virus. Lo veíamos venir y hemos trabajado. En la Comunidad, llevamos una semana de luto para honrar a nuestros muertos, que se han llevado una generación de españoles que trabajaron por España", ha reseñado.

Por otro lado, ha criticado que haya ministros que antes "de ser ministros aborrecían el cumplimiento de la ley y ahora hacen paroxismo al creer que por llevar al Boletín Oficial de Estado la prohibición de despedir mientras dure el estado de alarma mantienen el empleo", aseverando que "el empleo lo mantiene el empresario y la liquidez del sistema económico".

"Sobre eso hablar que hablar mucho. Hay desarrollos del decreto de alarma de dudosa constitucional y de hecho el PP va a recurrir que Pablo Iglesias forme parte de la Comisión del CNI utilizando una norma que determina el estado de alarma en toda la nación", ha indicado afirmando que el "Gobierno puedo encontrar mayor lealtad en la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que con algunos ministros".

López también ha recalcado que "lo que es triste es que" el Gobierno "amparándose en el Estado de alarma, impongan medidas sin consensuar con la oposición ni con los agentes sociales, especialmente, con los empresarios". Asimismo, ha señalado que "todo parece indicar" que el Gobierno tomará la determinación de un despliegue paulatino en la actividad económica, indicando que cuando se vuelva a la normalidad habrá que seguir manteniendo medidas de distanciamiento social.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de que se han tramitado en la comunidad autónoma 1.921 licencias de enterramiento, sólo en el mes de marzo, por muertes que hayan tenido como causa o sospecha la pandemia del Covid-19. Se trata de una cifra superior a los 1.132 fallecidos oficiales registrados, a día 5 de abril, por la estadística ofrecida por el Ministerio de Sanidad con respecto a la Comunidad Autónoma. Y la polémica no ha tardado en saltar a la palestra. Esta cifra supone un 69,7% más que los guarismos oficiales. Si se compara con los datos que proporcionaba Castilla-La Mancha en la actualización del 31 de marzo a las 21.00 horas -774 fallecidos-, ese incremento sería del 148% respecto a las cifras oficiales.

En un comunicado, el TSJCM explica que estas actuaciones de conteo se inician a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y defunciones con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.

Todo ello debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma. Todas estas circunstancias llevaron a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia a solicitar información a los jueces encargados de los Registros Civiles de Castilla-La Mancha sobre las licencias de enterramiento expedidas.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado al respecto que la Comunidad Autónoma está cumpliendo las instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto al recuento de fallecidos por COVID-19 "a rajatabla", del mismo modo que lo están haciendo otras comunidades autónomas. En rueda de prensa, ha insistido en que se siguen instrucciones dictadas con parámetros "científicos, sanitarios y epidemiológicos" que son "los mismos para todas las regiones".

"Si mañana el Ministerio decidiese cambiar la instrucción y el protocolo, Castilla-La Mancha lo haría, la autoridad sanitaria es única, el mando único es el que determina cómo debemos contabilizar los casos positivos en toda España", ha abundado, defendiendo que la región está trabajando "con transparencia y honradez". La ministra Montero ha señalado que cualquier discrepancia se debe a hechos puntuales y matizada en alguna ocasión por los datos de los fines de semana.