Dos meses después del fin del estado de alarma, España suma más de un millar de brotes y 3.650 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas, una preocupante situación que lleva a las comunidades autónomas a reiterar recomendaciones y plantear medidas de hace semanas, entre ellas el cierre de los prostíbulos o la petición de permanecer en casa.

El 21 de junio, España dejó atrás el estado de alarma arrastrada por el optimismo de los buenos datos de la pandemia, pero el Ministerio de Sanidad ha sumado este viernes otros 8.148 casos, 3.650 detectados en las últimas 24 horas, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, que ha notificado 1.199.

Tras la madrileña, y a falta de los datos de Cantabria, que no los ha cargado, la comunidad con más infecciones detectadas el día previo ha sido el País Vasco (685) seguida de Aragón (342) y Andalucía (303), según el balance de Sanidad.

Con estos datos, España suma ya 386.054 contagiados desde el inicio de la pandemia y 28.838 fallecidos, 125 de ellos en la última semana, una cifra que no incluye a aquellos que murieron con síntomas de la COVID-19 pero a quienes no se les hizo una PCR.

Ante este panorama, las comunidades autónomas comienzan a recuperar restricciones y recomendaciones de hace semanas.

Es el caso de Madrid, cuyo Gobierno autonómico ha recomendado que en las zonas de la región con más positivos "se intenten evitar viajes innecesarios" y se opte por "quedarse en casa", además de enfatizar que es "absolutamente recomendable" que no haya más de diez personas en las viviendas. Madrid, por el momento, descarta los confinamientos selectivos.

Por otra parte, la petición que hizo ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero, a las comunidades autónomas de cerrar los prostíbulos y locales de alterne, ya que los contagios que se produzcan en estos lugares pueden conllevar un "aumento potencial de positivos de difícil rastreo", ha calado ya en algunos Gobiernos autonómicos, como Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Emiliano García Page ha decretado la clausura de los prostíbulos que hay en Castilla-La Mancha, una orden que se hará efectiva a las 00:00 horas del próximo domingo, 23 de agosto.

También la Comunidad de Madrid estudia el cierre de este tipo de locales, pero aprecia dificultades ya que se trata de una actividad no regulada.

El Govern catalán ha dado este viernes por cerrados los prostíbulos con la resolución que publicó ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que prorrogó sin fecha el cierre de discotecas, karaokes, bares musicales, salas de baile y de fiestas y "establecimientos públicos con reservados anexos".

La ministra no ha tardado en celebrar estas decisiones, por considerarlas "un primer paso imprescindible para luchar contra la explotación sexual, la forma más cruel de violencia machista". "Animamos a otras comunidades a dar este paso", ha añadido.

Sin embargo, estas medidas siguen provocando dificultades de aplicación, y este viernes el titular del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha decidido no ratificar la orden dictada por el gobierno regional para el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar al argumentar que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma".

Al respecto, el juez subraya que la orden de la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones se basa en una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos".

Pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ve el auto "confuso" y como consecuencia van a pedir "una urgente aclaración del mismo", ya que no está del todo claro si la decisión del juez implica la inmediata suspensión de la orden y por consiguiente las discotecas están autorizadas a abrir desde esta misma noche.

La Moncloa ha respondido este viernes al juez que ha anulado la orden madrileña que éstas son medidas "proporcionales" contra la pandemia, acordadas por unanimidad entre Gobierno y Comunidades Autónomas, y le recuerda que solo requieren autorización judicial las decisiones que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.