Dos sentencias contra gobiernos autonómicos en dos días, las primeras por la gestión de la pandemia y las dos son por no dotar del material de protección necesario -contra el coronavirus- a trabajadores públicos, como a los agentes de la Ertzaintza.

El TSJ vasco condena al gobierno de Íñigo Urkullu por vulnerar con esta falta de equipamiento adecuado "el derecho a la integridad física" de sus policías. Lo mismo establece un juzgado de Teruel contra el ejecutivo regional de Lambán, en Aragón, por no proporcionar los EPI necesarios a los sanitarios de su provincia. Una demanda que abre el camino a otras similares en la comunidad y en el resto de España.

Denuncias de sindicatos y otros colectivos profesionales que, también, apuntan en otras causas al ministerio de Sanidad y a su titular, Salvador Illa. Todo mientras se archiva en Andalucía la denuncia sobre las mascarillas defectuosas y se registran hasta 191 investigaciones penales en curso en residencias de mayores, según la Fiscalía General del Estado.

De ellas 82 son en la Comunidad de Madrid y más de una treintena de Cataluña. En ambas comunidades habrían fallecido unos 6.000 y 4.000 residentes, respectivamente, de los más de 19.000 registrados en estos centros en toda España. Con procesos ya en fase de instrucción, como el que ha sido elevado al Tribunal Supremo y que investiga la gestión de Díaz Ayuso, en plena polémica por la orden de su gobierno de no derivar a mayores de residencias a hospitales.

La manifestación del 8-M es otro de los frentes en los juzgados, con el delegado del Gobierno en Madrid investigado por presunta prevaricación al haber permitido la protesta. Una causa de la que ya se ha descartado la responsabilidad Fernando Simón, contra el que se ha querellado en las últimas horas, en otra causa, el sindicato policial Jupol.