El Ministerio de Sanidad, tras una jornada llena de incertidumbre, cambios de postura y acusaciones cruzadas, comunicó este miércoles que llevará a cabo su plan para aplicar restricciones en Madrid. Concretamente, Salvador Illa ha anunciado tras la reunión del Consejo Interterritorial que, –amparado por el apoyo del 70% de las comunidades autónomas y lo que ha definido como una “decisión colegiada”–, la orden se iba a publicar en el BOEpara regular con un criterio homogéneo la aplicación de restricciones frente al coronavirus en los municipios de más de 100.000 habitantes que cumplan los requisitos, los cuales son: "que estos municipios tengan incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, medidos hasta cinco días antes de la fecha de valoración, para evitar retrasos que se produzcan en algunas comundiades autónomas; que además presenten una positividad de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por covid superior al 10%; y que además formen parte de una comunidad autónoma con una ocupación de camas en UCI superior al 35%".

De ese modo, las medidas a aplicar, centradas en la reducción del contacto social y las restricciones de movilidad, afectarían directamente a 10 municipios de Madrid: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Parla, Móstoles y Torrejón de Ardoz. O dicho de otro modo, el Minsiterio de Sanidad vería satisfecha la necesidad de que se apliquen medidas más estrictas en la comunidad autónoma para frenar el incremento de contagios.

“La situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado hoy 4.810 nuevos casos. Es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola. Los casos aportados son más del 43% de nuevos diagnósticos. Acumula desde el inicio de la pandemia 235.196 casos, 28.738 en los últimos siete días, también la segunda cifra más alta desde el inicio de la segunda ola. También ha comunicado hoy 6 nuevos fallecimientos, 248 muertos en los últimos días", ha dicho Illa, defendiendo la orden que se va a emitir y señalando al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por “dar marcha atrás” respecto al preacuerdo alcanzado el martes.

“Nadie lo entiende, ni los madrileños ni los españoles”, ha dicho. Y la respuesta del Gobierno de Ayuso no se ha hecho esperar. Ha llegado con contundencia y a través del consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien directamente ha tildado de “falso” que se haya tomado una decisión colegiada y ha subrayado que la orden ministerial “no tiene validez jurídica” porque “no ha sido acordada por consenso como señala el artículo 14.1 del reglamento del Consejo Interterritorial”. “Por tanto, jurídicamente no es válido”, ha reiterado, pero, ¿es esto así?

Exactamente, lo que refiere el citado artículo es lo siguiente:

“Los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso”.

Sin embargo, en él no se especifica si ese consenso ha de ser plenamente unánime o si basta con una mayoría, como en este caso, amplia, del 70% según ha afirmado Illa.

En este sentido, la Comunidad de Madrid defiende, como parte directamente afectada por las restricciones, que con ellos, como con las comunidades que han votado 'no', no existe consenso porque no están de acuerdo con las medidas decididas por el Ministerio de Sanidad, al igual que, han insistido, tampoco lo estaban antes del Consejo Interterritorial, afirmando que es “falsa” la afirmación de Illa al decir lo contrario durante su comparecencia.

En el pulso entre Madrid y el Gobierno central, Escudero explica que “la abogacía general de Madrid determinará qué hay que hacer, al tiempo en que ha asegurado que “no hay lealtad por parte del Gobierno de España” y “tienen prisa por intervenir Madrid”.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en EsRadio esta mañana, ha insistido en la misma idea de Escudero. Ha rechazado que el Gobierno central obligue a Madrid a ser intervenida para frenar la expansión del coronavirus "con la justificación del consenso".

La presidenta ha anunciado que los servicios jurídicos de la Comunidad ya estudian acciones legales contra la orden de Sanidad y cómo oponerse a los criterios "a vuela pluma". Ha criticado que el ministro de Sanidad estuviese de acuerdo con las medidas de la Comunidad al principio de la semana pasada pero a finales, "mandado por (Pedro) Sánchez", decidiese "enloquecer con las prisas" de que había que cerrar y confinar Madrid.

Echando la vista atrás, lo cierto es que se han visto medidas como la prohibición de fumar en la vía pública, el cierre del ocio nocturno o las relativas a la vuelta al cole en agosto que fueron aprobadas por el Consejo Interterritorial de forma unánime.

Diccionario en mano, el consenso es aquel “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”, pero en plena emergencia sanitaria, el ámbito jurídico se revela que esta batalla legal es sinuosa y el Gobierno tiene a su alcance herramientas para ejecutar su plan de una forma u otra con el objetivo vital de frenar unos contagios que, innegablemente, sumen a Madrid, y a toda España, en una situación de alarma.