El año 2022 finaliza con la estabilización de la pandemia de COVID-19, que ha conllevado la retirada casi total de las mascarillas y la vuelta de la normalidad, pero con la 'explosión' de la Atención Primaria, que vive su peor crisis desde su 'nacimiento' en los 80.

Tras casi tres años desde que la COVID-19 llegó a España, estamos viviendo las primeras navidades con una tasa de incidencia baja y una menor ocupación en los hospitales, debido a la vacunación y a la inmunidad generada por la convivencia con el virus.

Pero no ha sido así durante todo el año. En diciembre de 2021, tras meses de relativa estabilidad y a pesar del uso obligatorio de mascarillas, España y el resto del mundo comenzaron a sufrir una nueva ola debido a la variante ómicron, menos grave pero mucho más contagiosa.

En ese momento, España tenía un nivel de incidencia relativamente bajo, con menos de 200 casos por 100.000 habitantes, y un panorama hospitalario que no presagiaba lo que sucedería en las semanas posteriores y que empeoró después de las celebraciones navideñas.

El Ministerio de Sanidad llegó a notificar hasta 372.366 casos al comienzo del año, el 3 de enero, en lo que presagiaba una gran ola. Así fue, y el 20 de enero se llegó a un pico que tardó casi un par de meses en volver a la estabilidad.

Este gran aumento, sin embargo, no se tradujo en tanta hospitalización como en las anteriores olas. En cualquier caso, durante los primeros seis meses del año 20.915 personas fallecieron por COVID-19, lo que representa un aumento del 2 por ciento en comparación con el mismo período de 2021, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, estas cifras son significativamente menores que las más de 60.000 muertes por COVID-19 de 2020, lo que representa una disminución del 35 por ciento. Es importante tener en cuenta que la cifra real de muertes en 2020 fue probablemente mucho mayor, ya que el sistema sanitario no pudo registrar todas las muertes relacionadas con el coronavirus.

Desde entonces, y pese a una pequeña 'séptima' ola en julio, tanto los casos como las muertes y las hospitalizaciones están estabilizadas en niveles bajos. Han vuelto los conciertos multitudinarios sin restricciones, el ocio nocturno o los viajes internacionales sin cuarentenas ni certificados de vacunación. Ha vuelto la normalidad, dejando atrás la 'nueva normalidad'.

A este cambio ayudó la retirada de las distancias de seguridad y de las mascarillas. Desde el 10 de febrero, los españoles abandonamos su uso en exteriores, y dos meses después, el 20 de abril, también en interiores, salvo en centros sanitarios y transporte público. La situación sigue igual desde entonces, y no parece que vaya a cambiar al menos hasta que pase el invierno.

Como se preveía, con la llegada del frío y la retirada de mascarillas, estamos sufriendo la tradicional subida estacional de los virus respiratorios, con una gripe que, tras años 'eclipsada' epidemiológicamente por la COVID-19, ha vuelto con fuerza, y un virus respiratorio sincitial (VRS) que ha afectado especialmente a los niños, colapsando las urgencias, ya de por sí especialmente afectadas por la pandemia y sus consecuencias, como en tiempos pretéritos. Mientras tanto, la COVID-19 sigue afectando a los centros sanitarios, aunque en estos momentos sea una sombra de lo que llegó a ser.

La salud mental también ha sido otra de las grandes damnificadas por la pandemia, debido a las grandes restricciones y a la alteración de la vida ordinaria. En consonancia, los suicidios se han disparado y siguen siendo la primera causa de muerte externa en España, con más de 4.000 muertos en 2021, un 1,6 por ciento más que el año anterior. En respuesta, el Ministerio de Sanidad aprobó en diciembre de 2021 una actualización de la Estrategia de Salud Mental y lanzó el 10 de mayo el teléfono de atención al suicidio 024, que ya ha atendido más de 70.000 llamadas.

Pero si algo ha marcado el 2022 ha sido la 'explosión' final de la Atención Primaria, tras años languideciendo y de advertencias por parte de los sanitarios. La pandemia, que ha supuesto el mayor desafío de la historia de la sanidad española y mundial, ha terminado de acabar con la paciencia de los profesionales, que se encuentran "exhaustos".

También ha disparado las listas de espera y ha provocado fuertes demoras incluso en las citas con el médico de Familia, con un retraso de hasta 15 días en algunas comunidades autónomas. Las sociedades científicas denuncian que estos facultativos están atendiendo entre 70 y 80 pacientes al día, prácticamente el doble que antes de la pandemia, y que cada vez tienen menos tiempo para atender a los ciudadanos.

Esta situación se reproduce en mayor o menor medida en toda España, como lo demuestran las protestas en ciudades como Madrid, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, así como la huelga médica de diez días en Primaria apoyada en Cantabria y los paros médicos programados en Aragón, Valencia, Cataluña y Extremadura para principios de enero en todos los niveles asistenciales, incluyendo Primaria.

Pero, tal y como explican los profesionales, la situación no se debe solo a la COVID-19, sino que se retrotrae, principalmente, a la anterior crisis económica y a los masivos recortes que conllevó. Según datos del Ministerio de Sanidad, entre 2010 y 2018 se perdieron casi 2.000 millones de euros en Atención Primaria en España, pasando del 15,2 al 14,6 por ciento del total de la inversión en sanidad. De hecho, ninguna comunidad autónoma invierte el 25 por ciento del presupuesto total en sanidad en Atención Primaria recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras tanto, la respuesta de las administraciones ha sido insuficiente, a juicio de los profesionales. Desde el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, se han tomado algunas medidas, como el Real Decreto-Ley para estabilizar el empleo de los sanitarios interinos y limitar la temporalidad, uno de los grandes males de nuestra sanidad.

También se está fomentando, por ejemplo, la jubilación activa de los médicos y se están incrementando las plazas de médico interno residente (MIR), con un gran aumento desde 2018: un 40 por ciento el número de plazas totales y un 36 por ciento en Medicina Familiar y Comunitaria. Sin embargo, estas medidas a medio y largo plazo no parecen arreglar, por sí solas, la grave situación actual de la Primaria.

La COVID-19 seguirá con nosotros en 2023 (y para siempre, según los expertos) y los graves problemas y huelgas de la Atención Primaria se prolongarán. Pero durante el año que ahora empieza, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, abandonará el cargo antes de mayo para concurrir, tal y como se vaticinaba, a las elecciones a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, su ciudad natal.

Una de las grandes asignaturas pendientes de la ministra será, si no se aprueba finalmente, el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo, elaborado y consensuado con las sociedades científicas desde diciembre del año pasado, y que contemplan medidas como la ampliación de los espacios sin humo, la subida de impuestos o el empaquetado genérico de las cajetillas.

Debido a este retraso de un año, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y Nofumadores.org han acusado a la ministra de 'guardar en un cajón' el plan por "motivos electoralistas" y no realmente porque se esté trabajando aún en su redacción.

Con la marcha de Darias, en el cargo desde enero de 2021, Pedro Sánchez tendrá a su quinto ministro de Sanidad en cinco años, después de que Salvador Illa se fuera a la Generalitat de Cataluña, María Luisa Carcedo fuera relevada con la llegada del Gobierno de coalición y Carmen Montón tuviera que dimitir por las irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).