El Gobierno ha logrado este miércoles la autorización para la sexta prórroga del estado de alarma, que si todo marcha tal como está previsto, y tal como ya avanzó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, será la última siempre que la situación epidemiológica de España ante la crisis del coronavirus continúe la misma tendencia positiva de las últimas semanas.

Volviendo a sumar el apoyo de Ciudadanos, ganando la abstención de ERC y el sí del PNV, el Gobierno ha logrado cumplir su objetivo: el estado de alarma, que defiende como la única herramienta eficaz que le permite, con garantías jurídicas, “restringir la movilidad”, se prolongará hasta el próximo 21 de junio. Sánchez gana y consigue su propósito, pero la presión sobre el Gobierno continúa siendo cada vez más acusada con las críticas de la oposición recrudeciéndose en un pleno que ha sido sumamente bronco y ha contado con un protagonista principal: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha sido él, y el polémico cese del coronel de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, lo que ha centrado la sesión robando el primer plano a la propia prórroga.

Por activa y por pasiva, el bloque de la oposición ha pedido la dimisión del ministro cargando contra lo que han denominado “las purgas de Marlaska”: "¿Nos puede explicar por qué ha purgado usted a un coronel intachable por negarse a cometer una ilegalidad filtrando un informe en el que se investiga la posible responsabilidad penal de su Gobierno el 8 de marzo?", preguntaba Pablo Casado, quien ha acusado al Gobierno de “agredir la independencia judicial y la separación de poderes” y de estar llevando a cabo una “caza de brujas” en la Guardia Civil sumiendo al cuerpo en "su mayor crisis desde el escándalo del socialista Luis Roldán" en los años 90.

Muy duro y contundente ha sido también Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, que pese a que su formación ha apoyado al Gobierno para lograr la prórroga del estado de alarma ha dejado claro que “es un esfuerzo casi bíblico mantener la paciencia” con Pedro Sánchez “en el Gobierno”. “La mantenemos porque seguimos pensando con la cabeza”, ha dicho, antes de pasar a cargar, también, contra Fernando Grande-Marlaska, a quien directamente ha acusado de “infundir miedo a los funcionarios” y de “intentar acabar con el buen nombre que en España tiene la Guardia Civil y la Policía en general”.

“Usted quiere someter al funcionariado. Quiere funcionarios serviles, como su Gobierno”. “Tiene usted que dimitir. Por dignidad o sensatez. Está metiendo tantas veces la pata que al final va a obligar al presidente del Gobierno a que le cese. Y ya le digo que duele más un cese que una dimisión. Y si el cese es injusto imagine que estará pensando Pérez de los Cobos”, ha subrayado, redoblando su acusación: “Usted pone como muralla a buenos policías para que sirvan de parapeto del Gobierno ante las críticas de la oposición. Eso es muy innoble”. “No solo es usted un déspota, sino un mentiroso. ¿Quiere decirnos si usted tiene suficiente dignidad para presentar su dimisión?”, le ha dicho, mientras Marlaska se mantenía con rostro serio esperando su turno de palabra.

Sin sucumbir a los ataques, el ministro sin embargo no piensa ceder un ápice y, pese a los cambios de versiones que ha mantenido a la hora de justificar el cese de Pérez de los Cobos, que se produjo el pasado lunes 25 de mayo, cuando el Gobierno aludía a una “pérdida de confianza”, recalca que no va a dimitir. Rechazando las acusaciones de la oposición, que le advierte de que podría haber incurrido en delitos “de inducción a la revelación de secretos, de obstrucción a la Justicia y de prevaricación”, Marlaska insiste en que no hubo injerencia ni ilegalidad en el cese del coronel. Además, en una nueva versión de los hechos, ha alegado ahora que fue su número dos quien efectuó el cese a propuesta de la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

“No voy a dimitir. No he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni me equipo. Yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos sino que ha sido el secretario de Estado a propuesta de la Guardia Civil", ha manifestado, añadiendo que la decisión estuvo relacionada con una investigación por una filtración del informe del 8-M y asegurando que no quiso mencionarlo en un primer momento por “respeto a la carrera profesional del señor Pérez de los Cobos”.

“Ustedes están tratando de indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional”, ha criticado, reprochando a la oposición que “repetir una mentira muchas veces no la convierte en verdad”. “No hay persecución política, no hay actuaciones arbitrarias o contrarias al Derecho; no hay sectarismos. Lo que hay es un Ministerio del Interior con un proyecto alineado con el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, comprometidos con las retribuciones dignas de los funcionarios públicos y comprometidos con las fuerzas de seguridad”, ha zanjado, desatando aún más la indignación en la bancada de la oposición.

Cerrando filas, Pedro Sánchez ha arropado a Marlaska y ha pasado a la ofensiva para defenderle: “Con este Gobierno no se va a producir nunca una mal llamada policía patriótica; un destacamento de policías con equipos y sede propia consagrado no a defender al interés general sino las actividades del Partido Popular, inclusive la persecución de adversarios políticos y el encubrimiento de corrupciones varias de su partido cuando gobernaba. Lo que ocurre es que el ministro del Interior está destapando toda esta policía patriótica y quien está colaborando con la justicia es el ministro Marlaska, y por eso ustedes le atacan”, ha aseverado, mostrando su respaldo total al integrante de su Ejecutivo.

Mientras tanto, desde la Asociación Unificadas de Guardias Civiles, su portavoz, Juan Fernández, ha lamentado que el cuerpo esté “en el disparadero político por este tipo de cuestiones” y ha pedido al ministro del Interior “derogar la normativa que impuso el Gobierno anterior en el año 2012 por la cual la Guardia Civil debe dar cuenta cuando se establece una investigación judicial sobre un personaje público”; algo que sigue en vigor hoy.

En este sentido, defienden que, si el ministro pidió el informe del 8-M sobre la posible responsabilidad del Gobierno en la convocatoria de la manifestación en el marco de la crisis del coronavirus, “si le pidió el contenido del informe”, el coronel Pérez de los Cobos “hizo bien en no darlo porque no puede hacerlo”. “No puede dar el contenido del informe”, subrayan, puntualizando que “sí debía haber informado de que una investigación estaba en curso sobre un personaje público”.

Por eso, recalcan, animan al coronel “a que ejerza su derecho a la defensa”, porque eso, dicen, “será el único mecanismo para aportar transparencia en todo este asunto”. “Si así se demuestra, el ministro, efectivamente, no podría continuar en su cargo”, ha dicho Juan Fernández durante una entrevista en Informativos Telecinco.

Mientras, en medio del cruce de reproches políticos, las acusaciones y las descalificaciones, España sigue luchando por superar una pandemia que este miércoles, según cifras de Sanidad, ha dejado un muerto más con fecha de defunción del último día, elevando el total a 27.128; una dolorosa cifra que, no obstante, no deja de causar también discrepancias. Las comunidades autónomas están notificando cifras superiores, mientras el Ministerio justifica que se está trabajando en la validación de los decesos, ubicando los fallecidos de acuerdo a su fecha de defunción y verificando los datos con el fin de garantizar mayor precisión. A este respecto, asegura Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que la cifra de muertos por COVID-19, una vez finalizado el proceso y las correcciones pertinentes, rondaría los 28.000.

Por su parte, respecto a los contagiados, en la última jornada se han contabilizado 219 diagnosticados el día previo, siendo especialmente llamativo el repunte de la capital, Madrid, que todavía no ha pasado a la fase 2 de la desescalada y que, de esos 219 diagnosticados, representa 112.