Medidas de seguridad y colocación de barreras de protección ante la más que previsible sentencia condenatoria a los encausados por el caso del 1-O, los líderes de Procés. Será el próximo lunes cuando sepamos completamente las penas impuestas por el Tribunal Supremo.

Ante la previsión de posibles protestas o incidentes, se toman medidas de seguridad en torno a distintos lugares públicos y al parlamento de Cataluña.

La sentencia ya está redactada y la conoceremos el lunes. El juez Marchena ha empleado cuatro meses para escribir los cerca de mil folios en los que se exponen delitos y condenas, porque será una sentencia condenatoria. De lo contrario se habría puesto en libertad a los acusados antes del fallo del Supremo.

El empeño del tribunal ha sido la unanimidad entre los siete magistrados. Lo seguro es que habrá rebelión o sedición, delitos que conllevan hasta 25 años en el caso de la rebelión, aunque la pena podría ser menos si lo que señala la sentencia es conspiración para cometer el delito.

La Fiscalía pidió rebelión. Es lo que vio en estos disturbios, del 19 y 20 de septiembre de 2017 en Barcelona. Hechos a los que suman los incidentes del 1 de octubre. Dos claves: la violencia y la proclamación de independencia cerraban el círculo del delito de la supuesta rebelión. Para la Abogacía del Estado no hubo un grado de violencia tan elevado que justifique la rebelión y por ello rebaja a sedición, delito castigado como máximo con diez años de prisión.