Durante su comparecencia por el juicio de la salida a Bolsa de Bankia, que se ha reanudado en la Audiencia Nacional, Rodrigo Rato ha explicado que el plan de negocio de Caja Madrid, entidad que entonces presidía, elaborado en marzo de 2010, no contemplaba la fusión con ninguna entidad. Esta se decidió a raíz del Real Decreto Ley de mayo de 2010, que estableció la creación de sistemas institucionales de protección (SIP) para las entidades que no cumplieran con los requisitos de capital necesarios establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Según ha indicado, Caja Madrid estaba cerca del límite de requisitos de capital y la legislación aprobada entonces exigía someterse a un proceso de 'fusión fría' con otras cajas, ya que las cajas de ahorros no tenían acciones y Caja Madrid no había emitido cuotas participativas (un instrumento similar a las acciones pero sin derechos de voto).

"Sus posibilidades de captar capital eran cero, el consejo de administración de Caja Madrid accedió a cumplir la ley, no era una decisión donde hubiese muchas opciones, y entramos en contacto con alguna caja que estaba en la misma situación que nosotros", ha señalado Rato, quien ha reiterado que este fue "el único motivo" por el que Caja Madrid aceptó entrar en el SIP.

El expresidente de Bankia, actualmente en prisión, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía en tono altivo, ha asegurado que el entonces gobernador del Banco de España le llamó por teléfono y le citó en su oficina junto al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para comenzar a negociar una fusión.

"El Banco de España me comunicó oficialmente su opinión de que Caja Madrid y las otras seis cajas (Bancaja, Caja Ávila, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja La Rioja) eran razonablemente viables", ha señalado, a lo que la fiscal ha respondido que, según un informe interno de inspectores de Banco de España, Bancaja se encontraba en un procedimiento de inspección del supervisor y su diagnóstico indicaba que contaba con una "escasa generación de recursos para cubrir necesidades de saneamiento e insolvencia".

Sin embargo, Rodrigo Rato ha negado que tuviera acceso a dicho informe, que era interno del propio Banco de España y que "se contradice literalmente con lo que dijo en el momento de la creación del SIP". De esta manera, ha defendido que la opinión oficial y vinculante del supervisor bancario era la de su comisión ejecutiva, que afirmaba que las cajas eran "perfectamente viables" y que los procesos de reestructuración venían dados si las entidades querían tener acceso al capital necesario para cumplir con los requisitos de la EBA.

"El Banco de España nos indicó claramente los pasos que teníamos que dar; no nos dio muchas opciones", ha defendido Rato, quien ha señalado que Caja Madrid estaba en contacto con otras cinco cajas y que el gobernador y el subgobernador del Banco de España incorporaron a Bancaja a ese proceso. "El Banco de España y el FROB decidieron que era bueno que hiciésemos una operación más grande y nosotros lo ejecutamos profesionalmente", ha indicado.

La fiscal también ha puesto en duda la independencia de Deloitte, que actuó como consultora y elaboró junto a AFI un plan de viabilidad para la fusión de las cajas. Sin embargo, Rato ha argumentado que Deloitte era entonces la auditora de todo el sistema bancario español, lo que consideró una ventaja profesional, mientras que AFI era la consultora de todas las cajas, por lo que conocía perfectamente el sector. "Nos pareció que eran dos firmas con experiencia en el sector y que daban suficiente seriedad a nuestro proceso, aparte de nuestros propios equipos internos", ha señalado.

Respecto a si contratar como consultor al que era auditor de Bancaja y Caja Madrid supone falta de independencia, el expresidente de Bankia ha sido tajante: "No opinó así ni el Banco de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni el FROB, ni el ICAC, ni Deloitte".

La Audiencia Nacional ha rechazado aplicar la 'doctrina Botín' en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, por lo que las 34 personas físicas y jurídicas que inicialmente fueron acusadas por la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares continuarán estándolo durante toda la vista oral.