La denuncia presentada por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado sobre la intervención que sufrieron los móviles de Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del sistema Pegasus se encuentra ya en manos del titular del Juzgado Central del Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Fuentes jurídicas ya advierten de las dificultades de una investigación de este tipo, con muy pocas opciones de averiguar quiénes fueron los autores a consecuencia de la opacidad del sistema de escucha y de la compañía propietaria, la israelí NSO Group.

Solo se sabe que la primera intrusión en el móvil de Pedro Sánchez fue 48 horas después de empezar la crisis migratoria en Ceuta del 2021. Así figura en la investigación sobre el espionaje al presidente y a la ministra de Defensa que ya está en marcha en Audiencia Nacional.

En el auto de apertura de diligencias el juez de la Audiencia Nacional acota los dos momentos en los que se infectó el teléfono del presidente del gobierno. La primera vez el 19 de mayo de 2021. Un día después de la visita de Sánchez a Ceuta por la llegada masiva de ciudadanos marroquíes alentados por su propio gobierno

La segunda el 31 de mayo cuando el presidente del gobierno contestaba al gobierno de Marruecos. Momento de gran tensión en las relaciones entre Moncloa y Rabat

El juez considera que con estos hechos hubo un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Estamos ante una investigación muy complicada por el escaso rastro que dejan estas intrusiones en los móviles.

Las conclusiones del centro solo han permitido determinar el momento en que se produjeron los pinchazos y el volumen de los datos conocidos por esta intromisión, pero no cuáles fueron. Es prácticamente imposible detectar al autor del espionaje. Pegasus está diseñado precisamente para eso, para que no se detecte al espía. En la Audiencia Nacional también lo saben. Son conscientes de que podrán recabar muy poca información. Es posible saber si se han llevado información del terminal pero no cuál.

En el caso de Pedro Sánchez y Margarita Robles se sustrajeron poco más de 2,5 gigas en el primer caso y 130 megas en el segundo. No se conoce qué archivos interesaban a los autores del informe y no hay pistas, de momento, sobre quiénes fueron. La empresa propietaria del 'software' espía ha asegurado en distintas ocasiones que vende su sistema exclusivamente a gobiernos o agencias gubernamentales.

Fuentes de la investigación aseguran que ven muy improbable unir las dos causas abiertas por este tipo de espionaje, el del Gobierno y el denunciado en 2020 por varios líderes independentistas catalanes. Para ello sería necesario establecer una autoría común y hasta el momento solo hay meras sospechas. Unos, los independentistas, apuntan al CNI.

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparecerá este jueves, día 5 de mayo, ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para informar de la investigación interna sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas, según han informado fuentes parlamentarias.

La comparecencia se registró la pasada semana, nada más ser elegidos los diez parlamentarios que tendrán acceso a información clasificada y a controlar las actividades del CNI a través de la denominada Comisión de control de los Gastos Reservados, cuyas reuniones son a puerta cerrada.