El Gobierno ha aprobado este martes un decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo cuando finalice el estado de alarma. Este permitirá a las Comunidades Autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia, según fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los Tribunales Superiores no avalen sus medidas para frenar el covid. De esta manera se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contra las medidas dictadas por los gobiernos regionales, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros, no.

Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas a Europa Press. Sin embargo, este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, esa posibilidad de llegar hasta el Supremo.

El decreto de este martes también aprueba la prórroga de algunas medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y trabajar como médico o enfermera para la gestión del COVID.

También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. Y se mantiene hasta el 9 de agosto la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.