La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado este martes que algunas Comunidades Autónomas que reclaman ahora el estado de alarma, empezaron a relajar medidas antes del 9 de mayo, fecha en la que finalizó esta norma, incluso, según ha censurado, "yendo en contra" de las declaraciones de actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Así lo ha dicho Darias en la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que PP, Ciudadanos y el PNV se hayan alineado para cargar contra la ministra y el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber dotado a las autonomías de herramientas jurídicas tras la finalización del estado de alarma.

En este contexto, Darias ha incidido, como lo lleva haciendo el Gobierno en las últimas fechas, en que la situación actual es distinta la de hace seis meses cuando se decretó este estado de alarma que finalizó el pasado domingo, si bien ha vuelto a asegurar que las Comunidades Autónomas cuentan con herramientas suficientes para "mantener a raya al virus".

Además, ha reprochado a algunos partidos políticos las críticas al Gobierno por declarar la alarma por una duración de seis meses. Aquí, Darias ha defendido la validez del estado de alarma, si bien ha expresado que se tiene que dar en situaciones extraordinarias y no se puede mantener "'sine die'".

Ante las críticas del PNV por haber "judicializado" la pandemia, Darias ha señalado que la situación epidemiológica en el País Vasco no es la que tiene la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, entiende que "no es necesaria" la medida del estado de alarma para todo el territorio nacional.

Pedro Sánchez ha respondido a los grupos parlamentarios de todos los colores que le piden medidas. El primero el Partido Popular que ya anoche en Informativos Telecinco responsabilizaba al presidente del Gobierno de si nos llega una nueva ola de la pandemia y le recordaba que desde abril le lleva ofreciendo sus votos para una nueva ley de pandemias. Otros grupos como el PNV se pregunta por qué no se ha aguantado un poco más con el estado de alarma y Más País le acusa de lavarse las manos. Son peticiones de sus socios parlamentarios.

En la pata dos del Gobierno de coalición admiten la dificultad jurídica, pero el presidente zanja el debate afirmando que el estado de alarma es pasado y que las autonomías tienen los instrumentos jurídicos necesarios. El presidente lo fía a la inmunidad de grupo de la vacunación, a la actual legislación y al Tribunal Supremo.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado también que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el Gobierno ha enviado a Bruselas la semana pasada, permitirá mejorar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) y crear una "UE para la salud".

"La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las fortalezas del SNS pero, también, las debilidades del mismo, por lo que estamos ante una fantástica ocasión para mejorarlas. La sanidad es el mejor distribuidor de la renta y ayuda a hacer frente a los futuros retos que plantea la demografía, el cambio climático y los determinantes de la salud", ha señalado la ministra durante la presentación del plan, en la que ha estado acompañada por el ministro de Ciencia, Pedro Duque.

En concreto, el Gobierno prevé invertir 1.069 millones de euros en la renovación y ampliación de las capacidades del SNS entre 2021 y 2023, una aportación que representa el 1,5 por ciento del total de los 69.528 millones de euros que España invertirá gracias al plan europeo. De hecho, en materia sanitaria hay presupuestados 451,03 millones de euros para este año, 499,15 millones de euros para 2022 y 118,82 millones de euros para 2023.

Así, el plan sanitario contempla seis inversiones principales: plan de inversión en equipos de alta tecnología (792,1 millones de euros); acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud (62,05 millones); aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias (80,91 millones de euros); formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento (13,14 millones de euros); plan para la racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad (20,80 millones); y un 'data lake' sanitario (100 millones de euros).

Además, sin dotación presupuestaria, se recogen una serie de reformas de la sanidad pública, como el fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria, a través del Marco Estratégico, para conseguir "una mayor prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad, mejora de su control, reducción de desigualdades sociales y territoriales y mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario".

También se incluye una reforma del sistema de salud pública, que se desarrollará a través de una estrategia española de salud pública acordada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), así como un sistema integrado de vigilancia que "incluirá la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) e integrará también los sistemas de información existentes sobre enfermedades no transmisibles".

Del mismo modo, Darias ha destacado la intención del Ejecutivo de crear un Centro Estatal de Salud Pública, un "centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia" y que ejercerá funciones en dos ámbitos principales: vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española; y preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y coordinación de las respuestas.

Por otra parte, el Ejecutivo se marca como objetivo la "consolidación" de la cohesión, la equidad y la universalidad del SNS, tras el Real Decreto-Ley de 2018, a través de una nueva ley para "avanzar en la consecución de los objetivos de universalidad, equidad y cohesión", la "reorientación de la atención de alta complejidad en el sistema sanitario" y "el incremento de la cartera común de servicios sanitarios públicos a prestar al conjunto de la ciudadanía", como la salud bucodental o la medicina genómica.

Al mismo tiempo, se opta por "reforzar" las dotaciones de médicos y enfermería, "reducir su temporalidad, mejorar sus condiciones laborales y potenciar su formación y desarrollo profesional". Para ello, se plantea reformar la ley que regula el personal sanitario en España (Estatuto Marco), así como un Real Decreto-Ley para mejorar el sistema de formación sanitaria especializada (MIR), "reforzando la parte formativa durante el periodo de residencia".

En el plan se establece también la intención de impulsar una reforma de la regulación de medicamentos y productos sanitarios, introduciendo elementos que "incrementen la competencia y favorezcan el acceso a nuevos tratamientos, desarrollando a su vez el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica".

No obstante, y entre otras materias, la mayor inversión del plan se centra en los equipos de alta tecnología. "España presenta un alto nivel de obsolescencia", ha avisado Darias, tras detallar que la inversión, de 792 millones de euros, se dirigirá a la renovación de equipos por obsolescencia ajustada a intensidad de uso, así como a la ampliación de equipos para equilibrar las diferencias interregionales y alcanzar progresivamente la media de la Unión Europea en cuanto a número de equipos por millón de habitante, con especial atención a las zonas del territorio español que presentan una dotación por habitante inferior a la media nacional. "Para nosotros incrementar las capacidades del SNS significa invertir en salud, en sanidad y como una inversión de presente pero, sobre todo, de futuro", ha zanjado la ministra de Sanidad durante la presentación del plan