La reunión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, en la que han revisado la tercera petición de la capital de España para pasar de fase en la desescalada, ha culminado con sensaciones muy positivas para el Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso. El tercer informe iba acompañado de seis documentos sobre la reorganización del sistema sanitario y sus capacidades, y ha sido muy bien valorado. Creen que pasarán de fase, pero la decisión del Ministerio de Sanidad no se conocerá hasta este viernes.

En un encuentro que que ha transcurrido con “cordialidad” y que “ha ido bien”, según recoge Europa Press citando fuentes del Gobierno, el Ministerio ha reconocido la respuesta de la Comunidad de Madrid y “especialmente su sistema de detección precoz de casos sospechosos”; algo que el equipo de Isabel Díaz Ayuso espera que sea significativo a la hora de emitirse la decisión sobre el cambio de fase; algo que a Madrid se le ha rechazado ya en dos ocasiones.

Ni el 11 de mayo primero, ni el 18 después, pudo sumarse a una fase 1 por la que ya transita el 70% de España y a la que espera sumarse por fin este próximo lunes 25.

En este contexto, la comunidad autónoma parece ir en la dirección correcta y es el deseo de todos que España esté cuanto antes, al menos, en fase 1, síntoma de que la pandemia sigue evolucionando favorablemente en nuestro país. El Gobierno quiere celebrar un homenaje a los fallecidos en la crisis del coronavirus cuanto antes, pero para eso, ningún territorio puede estar en fase 0, donde todavía se encuentran no solo la capital de España sino también Barcelona y parte de Castilla y León.

En el marco de la reunión, tanto el Ejecutivo regional como el autonómico han enfatizado “la necesidad de apelar a la prudencia y a la responsabilidad individual" de cada español.

Este jueves, ante el desacuerdo por el rechazo a que Madrid pasase a fase 1 antes, la administración regional ha registrado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, donde solicitaba como medida cautelar ir a la primera fase y recurría las órdenes que sustenta la estrategia de desescalada de fase uno y dos, al entender que no recoge criterios uniformes para el conjunto del país. "Una diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad, desde el momento en que deja de estar referida a una evaluación objetiva y técnica de los indicadores", recoge el recurso de la Comunidad.

Por otro lado, aporta al Supremo un informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública, liderada por Javier Fernández-Lasquetty, donde se comprueba que entre una reactivación en mayo y una reactivación en junio (escenarios 1 y 2) hay 3 puntos de diferencia en el PIB y casi 200.000 empleos afectados.

"Es indudable, por tanto, que cada semana que las restricciones se mantienen hay un perjuicio económico, que se transmite en las variables macroeconómicas. Perjuicio que, desde la perspectiva de las medidas cautelares, debe calificarse de irreparable, al ahondar en el daño económico y la pérdida de empleos, dificultando y agravando la ya de por si incierta recuperación", concluye.

La Consejería de Sanidad madrileña defiende que Madrid cumple con todos los parámetros fijados por el Ejecutivo central en lo relativo a capacidad asistencial, indicadores sanitarios con descenso de incidencia del coronavirus y en cuanto a la red de detección y vigilancia de nuevos casos.

Además, en adición a los planes de flexibilidad en los hospitales, Madrid subraya en su capacidad diagnóstica que se puede incrementar hasta 15.000 pruebas PCR e incluso hasta 20.000, algo requerido por el Ministerio.

En Primaria, uno de los aspectos que el Ejecutivo demandaba consolidar y que está en fase de transformación, es la realización de 1.300 pruebas diarias pero Sanidad prevé llegar hasta las 5.000 junto con el apoyo del SUMMA.

Por otra parte, en materia de refuerzo, la Comunidad de Madrid ha avanzado que automáticamente se renovarán más de 10.000 contratos de refuerzo. Así, en Primaria la cifra será de 650 efectivos y en Salud Pública, departamento en el que se ubican los denominados rastreadores, es de 175, con opción de de llegar a los 400 en función de la evolución de la pandemia.