Las familias españolas que acudían a Ucrania para tener hijos mediante la subrogación solo debían demostrar la filiación del padre, que es el que aporta la carga genética, para obtener el pasaporte español provisional y poder registrar al niño como hijo de una relación extramatrimonial ante el Gobierno español. Después, la madre realizaba un proceso de coadopción en España.

Sin embargo, este proceso se vio interrumpido en agosto por un cambio de criterio del consulado, que alegaba que el nuevo Reglamento Europeo de Protección impide la prueba de ADN a los niños para demostrar la filiación paterna y, por tanto no podría inscribirlos.

Tras este cambio de normativa, más de 30 familias españolas que acudían a por el bebé que habían tenido mediante la gestación subrogada, quedaron atrapadas durante más de un mes en un limbo burocrático que les impedía salir del país y volver a España.

El Consulado español en Kiev ha comenzado a citar a las familias, quienes en las próximas semanas deberán entregar la documentación y las pruebas de ADN necesarias para conseguir los pasaportes y poder volver con sus hijos a España.

El caso de estas familias en Ucrania ha abierto el debate sobre si sería mejor legislar la gestación subrogada en España o si esto alimentaría la explotación de mujeres sin recursos.