Forn reniega de la independencia y dice que no se votó nada porque el 1-O era ilegal

El exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn ha defendido este jueves en el juicio por el 'procés' independentista que desde su cargo en la Generalitat era compatible impulsar un referéndum y a la vez no dar ninguna instrucción a los Mossos d'Esquadra, cuya gestión depende dicha Consejería, para que de esta manera la policía autonómica catalana pudieran cumplir el mandato judicial que ordenaba impedir la votación del 1 de octubre de 2017.

Así lo ha dicho a las preguntas del fiscal Fidel Cadena y que después ha precisado a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ha querido incidir en este asunto después de manifestar que no había entendido bien las respuestas anteriores. Forn, que viste traje y corbata y lleva en la solapa la insignia de la Generalitat (nada de lazos amarillos, al igual que Junqueras), y de vez en cuando ha hecho uso de sus gafas para apoyar su alegato en documentos, ha sido el segundo de los acusados en ser interrogado. Ha comenzado su declaración sobre las 13.00 horas de este jueves, y después de la del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. A diferencia de su compañero, sí ha contestado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. No obstante, ninguno de los dos han respondido a la acusación popular Vox.

El exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn ha recalcado este jueves durante su interrogatorio en el juicio por el 'procés' que la declaración unilateral de independencia (DUI) era una "declaración política" que "no se votaba" y que además no se publicó en los boletines oficiales ni del Parlament y de la Generalitat. Forn ha manifestado que la declaración se incluyó en el preámbulo de dos propuestas de resolución --de rechazo del artículo 155 de la Constitución y de apertura de un proceso constituyente-- y eso demuestra su carácter "político", ya que ha defendido que la resolución en sí no se votó.

En concreto, el exconsejero ha sido consultado por los últimos días antes de la aplicación del 155 y cómo se precipitaron los acontecimientos que acabaron en la DUI. Primero, ha sido preguntado por la reunión celebrada la noche del 25 de octubre en el Palacio de la Generalitat, donde los miembros del Govern discutieron sobre la conveniencia o no de convocar elecciones. A preguntas del fiscal Fidel Cadena, el acusado ha dicho que él mismo apoyó en esa reunión la convocatoria electoral, "al igual" que el expresidente Carles Puigdemont. Según ha explicado, la intención era evitar la aplicación del 155, pero ha recalcado que no hubo respuesta por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y el PP ya planteaba la suspensión de la autonomía aunque se celebraran los comicios. "Ello llevó a la declaración, no de independencia, sino la que se aprobó", ha explicado.

Durante el turno de preguntas de su defensa, Forn ha indicado que cuando todavía había dudas acerca de si se iban a convocar o no elecciones, reunió a los cargos de la Consejería de Interior y a los funcionarios que trabajan en la misma para explicar la situación y trasladarles que si se aplicaba el 155 el Govern quedaría cesado. A la pregunta de por qué se llevó la DUI al Parlament el 27 de octubre, el mismo día que se votaba en el Senado la aplicación del 155, el acusado ha recalcado que "se apuró hasta el último momento buscar una salida política a la situación", sobre todo teniendo en cuenta que había "personalidades" como el lehendakari, Iñigo Urkullu, que estaba ejerciendo de mediador.

El día 27, Puigdemont no tomó la palabra en el Parlament, ha dicho Forn, porque era "un acto parlamentario, no del Govern". "¿Se hizo algo que hiciese pensar a alguien en la creación de un nuevo Estado?", ha preguntado el letrado Xavier Melero, a lo que el exconsejero ha contestado que no, y que sólo hubo "discursos políticos" en las escaleras de la Cámara autonómica tras la votación. Una vez se aplicó el 155 y el Govern fue cesado, se presentaron sendas querellas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por rebelión, sedición y malversación, y Forn ha admitido que en el momento en que se enteró estaba en Bruselas --adonde también había huido Puigdemont--.

"Volví conocedor de que tenía una citación en la Audiencia Nacional y porque estoy convencido de que la organización y participación en un referéndum no es ningún tipo de delito y quería venir a explicarme. No tuvimos la oportunidad de hacerlo con tranquilidad porque recibí la citación un día antes y no pudimos preparar las declaraciones", ha apuntado.

Cadena ha comenzado su interrogatorio enumerando todas las resoluciones del Tribunal Constitucional que declararon ilegales las leyes de desconexión y de referéndum y preguntando al acusado si las conocía. Forn ha contestado que sí, que no discute la autoridad del tribunal de garantías y ha querido dejar claro que las acató, pero que su compromiso político estaba con la consulta independentista.

"Mi compromiso político es de apoyo al referéndum, siempre lo ha sido, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma manera que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de todos los mandamientos judiciales", ha explicado, tras lo cual ha remarcado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución".

En este sentido, Forn ha negado que él o el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hayan dado alguna "instrucción política" a los Mossos d'Esquadra "para que incumplan sus funciones" y "se adhieran a la decisión política del Gobierno".

"Estoy de acuerdo en defender el referéndum, pero no utilizo los medios del departamento de Interior. Sólo digo a los Mossos que tenían que cumplir sus funciones de policía judicial y cumplir con lo que mandaba la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", ha precisado posteriormente ante las preguntas de la representante del Estado.

Durante su declaración, el exconsejero de Interior ha afirmado que el Gobierno de Carles Puigdemont "creía estar avalado por varios principios legales" para organizar el 1-O y, al igual que Oriol Junqueras, ha insistido en que la celebración de una consulta así no está tipificada como delito en el Código Penal.

Forn ha continuado relatando que cuando fue nombrado consejero, en julio de 2017, se reunió con Puigdemont y le transmitió que "apoyaba el compromiso del referéndum", pero le advirtió de que era "consciente" de que podría haber "algún requerimiento" de la Fiscalía para impedir la organización de la consulta y que los Mossos "tendrían que cumplir". "Me dijo que lo entendía y que no me preocupara", ha manifestado.

En este sentido, el representante del Ministerio fiscal también ha querido saber la opinión del acusado sobre el cese de tres consejeros del gobierno catalán en el verano de 2017 --Forn sustituyó a Jordi Jané--, sobre si lo hicieron porque rechazaban "la unilateralidad y el referéndum" o si alguno de ellos fueron destituidos por mostrarse contrarios a la votación. Forn ha contestado que aunque esa sea la "interpretación" del Ministerio Público, no cree que sea así porque "todos fueron a votar". Una respuesta que ha provocado las risas de algunos de los asistentes de la Sala y que ha llevado a intervenir a Manuel Marchena: "La ley prohíbe gestos de aprobación, risas y si lo hacen serán desalojados. Mantengan el respeto al acto de interrogatorio", ha dicho.

Justo antes de hablar de Puigdemont, el fiscal le ha hecho una pregunta que al acusado le ha generado algo de confusión: Cadena ha querido saber si tras su nombramiento como consejero "se presentó ante el delegado del Estado", a lo que Forn ha contestado que sí, que acudió a ver a Enric Millo. Cadena le ha interrumpido y ha aclarado que no se refería a Milló, sino al "delegado del Estado, el señor Carles Puigdemont". Tras un leve titubeo, el exconsejero ha contestado que "claro", porque fue éste el que le había nombrado. A continuación, es cuando Cadena le ha preguntado por el "delegado del Gobierno", esta vez sí Millo.

Otro momento destacado de la declaración ha sido el rifirrafe entre el representante del Ministerio Público y el exconsejero catalán, que se enfrenta a 16 años de prisión por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos cuando Forn ha negado que los Mossos le advirtiesen en la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada días previos al 1-O de la alta probabilidad de episodios violentos durante la jornada de votación. "En ningún momento se nos planteó escenarios de violencia generalizada", ha enfatizado el acusado. El fiscal ha reformulado varias veces su pregunta, pero finalmente ha tenido que abandonar su intención tras ser regañado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que le ha recordado la respuesta que ya había dado Forn.

Sobre el 1-O, Forn ha destacado que la "movilización" de la policía autonómica ese día fue la "más importante" de todos los tiempos, incluso "más que en los atentados" de Barcelona el 17 de agosto del 2017. El incremento del número de agentes se debió al cumplimiento de una orden de la Fiscalía como policía judicial. Según un documento mostrado a petición de su abogado, Javier Melero, la instrucción era la disposición de 40.000 policías, algo que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, le dijo que era imposible cumplir. Asimismo, ha indicado varias veces que el número de agentes de la Policía Nacional nunca se concretó antes del 1-O, sino que la cifra la conoció posteriormente, una vez abierta la causa.

Forn también ha señalado que no asistió al centro de control del dispositivo policial, por lo que determinada información y los incidentes que se produjeron ese día los ha conocido con la lectura posterior de informes, pero no de primera mano. A su juicio, las actuaciones de algunos agentes de los cuerpos estatales no fueron acordes a las pautas que se dieron, y que ello fue puesto de manifiesto incluso en comunicados hechos públicos por los sindicatos mayoritarios de los Mossos.

El inicio de la comparecencia se ha marcando por la crítica que ha hecho Forn al Ministerio Público. A su juicio, la Fiscalía ha hecho de su escrito de acusación un "relato peliculero", sobre todo cuando describe las movilizaciones que se produjeron en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y recalca que una secretaria judicial tuvo que salir del edificio de la Consejería de Economía que se estaba registrando por la azotea.