Nueva querella contra geriátricos madrileños, así como contra quienes consideran responsables de lo sucedido en los centros sociosanitarios durante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que deja ya más de 27.000 fallecidos en nuestro país, siendo una mayoría los decesos que se han producido en las residencias. Concretamente, se estima que durante la crisis podrían ser cerca de 19.100 los fallecidos en estos centros, ya sea por COVID-19 o síntomas compatibles, de acuerdo a la suma de los datos de las comunidades autónomas.

Ante estas circunstancias, este miércoles se ha conocido que hasta 25 familiares de personas que se encontraban haciendo uso de residencias en Alcorcón y Leganés han interpuesto una querella contra los directores de cinco gerátricos así como contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a los que acusan de haber incurrido en delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante .

Los denunciantes, apostillan, incluyen a Enrique López entre los querellados porque le consideran también responsable de lo sucedido en el marco de la pandemia en estas residencias "por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril".

La nueva denuncia se suma a la ya presentada por 26 familiares, también miembros de la Marea de Residencias, de diez geriátricos madrileños también por la supuesta mala gestión de los responsables públicos y las personas al frente de los mismos.

Según la citada Marea de Residencias, López llegó a afirmar que las residencias estaban "medicalizadas" y sostuvo que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros "no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque eran competencias del Gobierno central”, algo que, señalan, es toda una falsedad. A juicio de los familiares denunciantes, el decreto de estado de alarma "deja claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid".

Más allá, la denuncia también se dirige, en concreto, a los directores de la Residencia de Alcorcón, Aralia Parque de los Frailes, DomusVi Leganés, Amavir El Encinar y Vitalia Home Leganés, al tiempo en que se pide al juzgado que en las causas citadas comparezcan como testigos el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; la exdirectora de Salud Pública, Carmen Fuentes; y el director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, entre otros, tal como informa Europa Press.

En la querella, los denunciantes hacen constar las situaciones vividas por sus familiares en dichos centros, como “la falta de equipos de protección durante días de los trabajadores, la imposibilidad de comunicarse con ellos, el incumplimiento de algunas medidas de zonificación o aislamiento decretadas, la denegación de derivación al hospital por no cumplir con determinados criterios, la mala gestión que favoreció nuevos contagios, la falta de test de diagnóstico"; casos que, aseguran, “demuestran un oscurantismo, falta de veraz información, verdades a medias y falta de transparencia".

Por último, a la denuncia incorporan los diferentes autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que acordó y reiteró, a instancias de los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés, que las residencias de dichas localidades debían recibir por parte de la Comunidad de Madrid y con la mayor urgencia posible el personal sanitario necesario y todas las pruebas diagnósticas precisas tanto para los ancianos como para el personal que trabaja en ellas, y todo ello en cumplimiento de lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo.