Esquerra no está poniendo fácil su abstención. De nuevo el socio de Sánchez para llegar al Gobierno le da la espalda, al menos hasta el momento en una guerra de nervios con el estado de alarma y su última prórroga por 30 días en vilo. Los independentistas catalanes establecen una líea roja: que las Autonomías sean quienes decidan el cambio de Fase. Lo ha dejado claro en rueda de prensa su portavoz, Marta Vilalta, quien ha pedido "poder tener la capacidad última de decisión sobre la fase de desescalamiento".

Sin eso su balanza se inclina hacia el no. De momento el Gobierno ha prometido que no habrá cuatro sino una única autoridad delegada, la del ministro de Sanidad. Esta idea no desagrada a los socios vascos pero quieren ver por escrito cómo sería la nueva cogobernanza. La vicepresidenta primera ha estado negociando con todos durante el fin de semana.

La interlocución sigue abierta también con Ciudadanos pero ellos, antes de decidir su voto, dejan claro que no les gusta una prórroga indefinida de un mes y mucho menos que se hagan concesiones al independentismo. A su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, le parece "una vergüenza que teniendo 27.600 fallecidos por la epidemia, se ponga encima de la mesa la Mesa del diálogo para conseguir una votación" y ha añadido "eso es inaceptable". Ciudadanos dio la sorpresa y cambió de rumbo al votar sí al estado de alarma pero ahora temen convertirse en muleta del PSOE junto con los nacionalistas.

Los populares avisaron de su posición para una nueva prórroga del estado de alarma y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha concretado "vamos a votar no". El PP denuncia que el Gobierno está negociando con la salud de los españoles y que Sánchez pretende ganar un mes que España perdería.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tiene de nuevo una compleja misión. Y para ello no ha dudao en anunciar la posiblidad de solicitar una prórroga del estado de alarma por territorios, en función de la evolución de la pandemia del coronavirus, y que cubra hasta al menos finales de junio con el objetivo de dar al turismo y la empresa "una hoja de ruta" para salir de esta crisis.

Frente a las hasta ahora prórrogas quincenales, el presidente Pedro Sánchez avanzó este sábado su idea de la próxima ampliación sea de "alrededor de un mes", coincidiendo con el fin de las cuatro fases de la desescalada. Durante su intervención inicial en la Comisión Constitucional del Congreso, Calvo no ha detallado cuál será la propuesta del Consejo de Ministros, pero ha defendido este cambio alegando que, una vez que los datos de la pandemia van remitiendo, el mundo social y empresarial requieren tener algunos horizontes sobre los que moverse y saber que esta prórroga termina "a finales de junio" para empezar a "reaccionar".

Calvo ha confirmado que el Ejecutivo aspira a que ésta sea la última prórroga del estado de alarma, ha reiterado que será flexible y que se podrá ir levantando por territorios en función de la pandemia, y ha expresado su deseo de que, a partir de ahí, se pueda planificar la salida de la crisis lo antes posible "por el bien de la economía".

En este punto, ha apelado a que la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica que se ha abierto en el Congreso para debatir propuestas de futura tras el fin de la epidemia concluya "en los primeros días de julio" con un "gran acuerdo" que permita tomar decisiones "rápidas" para superar las consecuencias de esta crisis "lo antes posible".

Según ha explicado, será una prórroga "radicalmente diferente" a las anteriores porque pretende acompañar hasta el final la desescalada en sus cuatro fases, porque estará limitada al ámbito sanitario, en tanto que la única autoridad competente será el ministro del ramo, Salvador Illa, y porque será "gradual". Es más, Calvo ha indicado que propondrán levantar el estado de alarma de aquellos territorios que avancen "con rapidez".

En todo caso, ha justificado la ampliación del estado de alarma en la responsabilidad del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos de tener "el último control" sobre la epidemia pero sólo con carácter "preventivo" y "sanitario" para garantizar que "no haya punto de no retorno".

Calvo ha defendido la utilización "proporcional" de la figura constitucional del estado de alarma con el que, según ha querido dejar claro, no se han suspendido derecho sino limitado, y en el que "nunca" se han recabado las competencias a las comunidades autónomas. "La gran obligación del Gobierno era tener una respuesta por igual para todas las autonomías", ha apostillado.

Durante su exposición inicial, la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha defendido la actuación del Gobierno desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio en febrero la voz de alarma sobre la evolución del Covid-19 frente a una crisis sanitaria "ignota" sobre la que "no existía ningún precedente ni referencia" sobre la que apoyarse. Y lo ha hecho para remarcar una vez más que el Gobierno decretó el estado de alarma por ser el instrumento "más garantista" del ordenamiento jurídico español y el único que necesitaba de la autorización del Congreso".

"Hemos elegido el camino más democrático y más garantista", ha dicho Calvo, presumiendo de que no había otro países de nuestro entorno que se haya sometido al control parlamentario como lo ha hecho el Ejecutivo español habiendo declarado el estado de alarma.