Tan solo 87 diputados (un 25 por ciento), de los 350 de los que está formado el Congreso, renunciaron a la tarjeta que disponen para utilizar el taxi en la Comunidad de Madrid. Este servicio, abonado por la Cámara Baja, paga los viajes de los parlamentarios con una cantidad máxima de 3.000 euros al año, unos 250 al mes. La mayoría de los que renunciaron a ella, unos 41 políticos, fueron de Unidas Podemos, partido que contó con 67 miembros.

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