La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles el Real Decreto de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en el mercado de trabajo que incluye el subsidio para mayores de 52 años. Concretamente, el Real Decreto ha salido adelante con 34 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones. Han sido necesarias siete horas de debate para lograrlo. Por otro lado, se ha denegado su tramitación como Proyecto de Ley por procedimiento de urgencia.

El decreto de los alquileres de Pedro Sánchez ha sido convalidado a la segunda. El primer intento de establecer una nueva regulación de la vivienda para abaratar las rentas fracasó por la oposición de Podemos. La segunda intentona ha prosperado hoy gracias al voto a favor que a última hora ha dado el PNV en la Diputación Permanente. Así el decreto de vivienda ha quedado convalidado por 31 votos en contra, los de PP y Ciudadanos, y 33 a favor, los del PSOE, Podemos, PNV, ERC, PDECat y Bildu, en la Diputación Permanente. Los contratos de alquiler durarán cinco años -siete para arrendadores que sean personas jurídicas- en lugar de tres años como ocurría con la anterior legislación de Mariano Rajoy.

Sobre el subsidio de mayores de 52 años, la ministra de Trabajo ha insistido en que "en absoluto" está suspendida la tramitación de este subsidio. Además, ha recordado que va a afectar a 380.000 personas e implica dotar de un mínimo de capacidad adquisitiva a un mayor número de personas.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Carlos Rojas cree que las medidas incluidas en el decreto son "una quimera" y que están "solo al alcance de quien fue presidente por una moción de censura y dejará de serlo en las urnas". También ha criticado que haya "miles de solicitudes del subsidio de mayores de 52 años paralizadas".

"La mala vieja política ha inundado de demagogia nueve meses para olvidar", ha apuntado Rojas, tras afirmar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hace creer que es social lo que es solo propaganda electoral".

"Entiendo que el Gobierno tenga mucha prisa electoral, pero no costaba nada haber intentado negociar esta norma", ha apuntado el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Francisco De la Torre, que también ha criticado que la estimación del coste del subsidio de mayores de 52 años sea de 1.340 millones según la memoria económica del decreto y de 700 millones según Valerio.

La diputada del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos Yolanda Díaz, aunque ha mostrado la voluntad de votar a favor, ha asegurado que es un decreto "absolutamente menguante", un "sucedáneo de mala calidad" que deja intactas las normas laborales que "han destrozado el mercado laboral. Han tenido tiempo de sobra para derogar las reformas laboral y de pensiones, no querían hacerlo, porque son otros los intereses que se han impuesto a sus propias voluntades", ha apuntado, tras afirmar que "el PSOE deroga leyes cuando hace mítines y está en campaña" y resaltar que cuando "está en el Gobierno, la vida y la CEOE se imponen". Carles Campuzano, por el PDeCat, ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de revertir algunos de los aspectos más nocivos de la reforma laboral y ha criticado "la ausencia de coraje de algunos grupos políticos".

Campuzano ha finalizado su intervención pidiendo a los grupos que repensasen cómo gestionan el poder que le otorgan los ciudadanos, ya que cree que "algunos grupos han fallado en materia de empleo" y han perdido una oportunidad en materia de pensiones en el Pacto de Toledo. Desde el Grupo Mixto, mayoritariamente se ha dejado claro que para avanzar hacen falta más medidas.

Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Mercè Perea ha asegurado que el decreto beneficia a múltiples personas y da respuesta a un colectivo que necesitaba medidas urgentes. Así, ha pedido su convalidación porque afecta a más de 2,5 millones de personas y le ha trasladado a la derecha que lo que ellos llaman decretazos electorales, más bien es "lucha contra la desigualdad".

Asimismo, el real decreto ley modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al registro de jornada para que las empresas hagan un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. También se establecerán bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Así, los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE.

Además, se clarifica el Plan de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años, para evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años. La norma incorpora un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, con una bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años.

También verá la luz una reducción del 14,6% en las cuotas para trabajadores del sistema especial por cuenta ajena del sector agrario durante sus periodos de inactividad, de forma que, con efectos del 1 de enero, aquellos que hayan realizado un mínimo de 55 jornadas cotizadas en 2018 se les aplicará el descuento. Asimismo, habrá una reducción a la mitad de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores fijos discontinuos de las empresas de sectores de turismo, hostelería y comercio durante los meses de febrero, marzo y noviembre.

Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 euros para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019. Por último, en materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012, con una dotación de 70 millones.

Quién puede y quién no cobrar el subsidio a partir de los 52 años