En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para evaluar la situación creada tras el paro masivo e imprevisto de los controladores, Rubalcaba ha dejado claro que el Gobierno no aceptará el "chantaje" de este colectivo, ni la defensa de sus privilegios.

La declaración se ha publicado ya en el BOE tras ser firmada por el Rey Juan Carlos desde Mar del Plata (Argentina) y se entregará al Congreso de los Diputados, tal y como la ley establece.

Según Rubalcaba, el efecto "práctico inmediato" ante esta situación es que a partir de ahora los controladores "pasan a estar movilizados" y, "si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal Militar".

El periodo de duración del estado de alarma se ha fijado en quince días, el plazo máximo que marca la normativa, si bien Rubalcaba ha dicho que "el Gobierno espera que no dure tanto".

A la reunión del Consejo de Ministros han acudido, invitados por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, el Fiscal General del Estado y el Abogado General del Estado, ya que el Ejecutivo, según Rubalcaba, quería contar con su consejo jurídico porque es la primera vez que se aplica el estado de alarma y se quería ser "respetuosísimos y cuidadosísimos al máximo con la ley".

Tal y como ha señalado el vicepresidente, el mismo Zapatero ha informado personalmente al líder del PP, Mariano Rajoy, retenido en Lanzarote por el paro de controladores, de las decisiones del Consejo de Ministros, en tanto que el titular de Presidencia, Ramón Jáuregui, hablará con los portavoces parlamentarios.

Los militares que están al frente de las torres de control de los aeropuertos comunicarán personalmente a los controladores "la nueva situación" en la que se encuentran, es decir, sus "obligaciones, sus responsabilidades y las responsabilidades en que podrían incurrir" si no cumplen las primeras.

Aunque todavía no se sabe hasta cuándo permanecerá cerrado el espacio aéreo, los plazos podrían acortarse, si bien, ha subrayado Rubalcaba, la "normalización definitiva no va a ser fácil".

Ha recordado que se han suspendido muchos vuelos y enlaces y que es necesario "reconfigurar el calendario aéreo", lo que "no va a ser sencillo" porque "no va a ser cuestión de horas".

Tras la reunión del Consejo de Ministros, ha quedado constituida la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que presidirá Zapatero y que se mantendrá reunida para evaluar la situación en los aeropuertos.

Rubalcaba ha reiterado las disculpas del Ejecutivo a los ciudadanos afectados, y más en las fechas de un puente festivo como el de la Constitución, pero ha dejado claro que el Gobierno "no va a consentir el chantaje de los controladores" a la ciudadanía con el fin de "mantener sus privilegios".

A su juicio, "nadie podía prever" que este colectivo "fuera tan insensato" y adoptara una decisión para "producir un daño como el que está produciendo, no al Gobierno, sino a los ciudadanos".

El vicepresidente ha relatado cómo se ha visto el conflicto desde el Gobierno y ha explicado que ya en la reunión del Consejo de Ministros de ayer, el ministro de Fomento, José Blanco, informó de que "había incidencias preocupantes en algunos aeropuertos".

Por ello, el decreto ley "incluyó una previsión, que luego por la tarde se hizo realidad, para que el control aéreo de los aeropuertos pasara a manos del Ministerio de Defensa", ha continuado Rubalcaba antes de subrayar que ya había "indicios de la posibilidad de ir a una situación como ésta, que es lo más parecido a una huelga salvaje que existe".

Ha insistido en que el Gobierno se ha atenido en todo momento a la Constitución y a las leyes y ha aplicado las medidas con "gradualidad".

Así, por la tarde, una vez comprobado que las reuniones con los controladores no daban resultado, se hizo efectivo el decreto ley y Defensa pasó "a controlar el control aéreo".

De madrugada, el Gobierno consideró que la situación no podía seguir así y que, por tanto, aplicaría la Constitución si no cambiaba.

"Es evidente -ha añadido- que estamos ante un conjunto de trabajadores que se valen de su preeminencia, porque se saben casi únicos en el cumplimiento de sus funciones y están defendiendo unos privilegios intolerables que el Gobierno no puede aceptar".

"No aceptaremos ni la defensa de sus privilegios ni, por supuesto, el chantaje al conjunto de los ciudadanos, empezando por el Gobierno. No lo podemos aceptar y no lo vamos a hacer. Vamos a aplicar las normas que el estado tiene para impedirlo. Hasta el final", ha afirmado Rubalcaba.

Rubalcaba ha sido tajante al afirmar que a partir de "ese monopolio laboral", los controladores "están sometiendo a un chantaje a los ciudadanos para defender sus privilegios, y eso no lo vamos a consentir".

Quien declaró el conflicto sabía que hay un puente festivo, ha resaltado el vicepresidente primero, quien ha rechazado la negociación, ya que en la situación actual "lo único que deben hacer" los controladores es "normalizar el funcionamiento de los aeropuertos", y "eso es lo único que se les está pidiendo".