'Los Albertos' no pedirán al Estado la indemnización por "daños injustos"

Según un comunicado facilitado por portavoces de Cortina y Alcocer, la decisión se tomó "a la vista del informe negativo que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, que ha desestimado la presunción de anormal funcionamiento de la Justicia, aunque sí ha admitido la posibilidad de error judicial". Ambos empresarios renuncian así a que se pronuncie el Ministerio de Justicia y a una posterior vía contencioso administrativa a la que, según el comunicado, tendrían derecho en caso de denegación.

Los abogados de Alcocer y Cortina consideran que la reclamación económica "estaba bien fundamentada como consecuencia de los daños económicos sufridos". "Los dos empresarios entienden que la situación económica general y la de las finanzas del Estado en particular aconsejan su renuncia a pesar de los graves perjuicios económicos y morales sufridos", subraya el comunicado.

Numerosos prejuicios que exigen reparación

"Los Albertos" argumentaban que, desde que el Tribunal Supremo confirmó su condena en marzo de 2003 por el "caso Urbanor" hasta que el Constitucional la anuló en febrero de 2008, han sufrido numerosos perjuicios que exigen reparación, ya que existió un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

La demanda, contra la que se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, señala que Cortina y Alcocer "han aparecido injustamente considerados como responsables criminales de unos hechos concretos, durante más de un lustro", lo que tiene "un componente esencialmente moral, que no ha afectado sólo a su esfera patrimonial sino, sobre todo, a la esfera personal, social y profesional".

Los dos primos señalan que "han padecido una persecución injusta e indebida hasta límites intolerables" por la sentencia del Supremo, que ha permitido que los medios de comunicación les presentaran como "verdaderos criminales" y les colocaran "en el centro de una diana como los más deleznables delincuentes del país".

Condenados por estafa

El Supremo les condenó por estafa y falsedad en documento mercantil al considerar que engañaron a sus socios de Urbanor con la venta de los terrenos en los que se construyeron las Torres KIO (Madrid).

Así, los dos primos se quejan de que el fallo del Supremo conllevó además una "pérdida de ingresos y retribuciones" y un "daño moral por abandonar precipitadamente, casi con nocturnidad, los puestos directivos de responsabilidad" que ocupaban en grandes empresas españolas (Banco Zaragozano, Dragados, ENCE e Indra), bajo las presiones, entre otros, del Banco de España. AC