La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la norma que regulará los impuestos temporales a las empresas energéticas y entidades financieras incluirá la prohibición de que estos nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos.

"En la norma, tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad", ha explicado la titular de Hacienda en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Montero ha justificado el impulso de estos impuestos en un contexto marcado por la escalada inflacionista y ha señalado que en estos momentos se están produciendo una serie de mayores beneficios en estas empresas energéticas --eléctricas, petroleras y gasísticas-- y entidades financieras, fruto de la situación del mercado.

"Se llama redistribuir la carga social y que, por tanto, aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común", ha argumentado la ministra. El impuesto a las grandes energéticas se aplicará durante dos años sobre los beneficios registrados en 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar 2.000 millones de euros cada ejercicio, mientras que el dirigido a las entidades financieras hará lo propio con una recaudación estimada de 1.500 millones al año. Ello supone un impacto total en la recaudación de 7.000 millones, según ha recordado Montero.

Preguntada por la relación del Ejecutivo con estos sectores, Montero ha asegurado que es "buena", pero que actualmente se desarrolla con cierta "tensión" ante la situación actual. "No ha habido falta ni un día de diálogo con las empresas energéticas porque gran parte del incremento de la inflación se ha debido al incremento del precio de la energía", ha asegurado Montero.

Aunque la ministra ha asegurado que estarán "pendientes" de lo que estas empresas quieran comentar, ha remarcado que el impulso de estos impuestos es de "justicia social y fiscal", subrayando que no existe ningún tipo de "inseguridad jurídica" en torno al gravamen, tal y como ha planteado la patronal bancaria. "Es un clásico que cuando se anuncian medidas fiscales se plantean dos cuestiones: que se va a ahuyentar la inversión y que inmediatamente va a repercutir sobre los consumidores", ha reprochado la ministra ante las advertencias por parte de estas empresas y del Partido Popular.

Montero ha hecho una valoración favorable sobre el desarrollo del Debate del estado de la Nación, que termina este jueves, y ha destacado que ha habido propuestas "muy interesantes" y se ha puesto en el centro de la política las preocupaciones de los ciudadanos. "La gente quiere que hablemos de sus cosas y de lo que les quita el sueño", ha asegurado.

Preguntada por el "giro a la izquierda" del Gobierno tras las propuestas planteadas en el Debate, Montero ha asegurado que el Ejecutivo ha sido siempre "bastante reconocible" y basa sus decisiones en lo que afecta a la mayoría de ciudadanos. Así, y ante los señalamientos de la oposición de que Sánchez ha "copiado" la agenda de su socio de Gobierno Unidas Podemos, Montero ha remarcado que las medidas que salen del presidente "son de todo el Gobierno".

Ello, pese a que la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado parte de las iniciativas como propuestas de la formación 'morada'. "Es lógico que el grupo minoritario del Ejecutivo quiera trasladar su autoría sobre algunas medidas y su visibilidad", ha señalado Montero.

Respecto a la reforma fiscal que piden desde Unidas Podemos, la ministra recuerda que se lleva afrontando "desde el principio de la legislatura" medidas fiscales y ha asegurado que continuarán haciéndolo --tanto si es por el lado de subir impuestos como de bajarlos--.

Con todo, Montero dice ser "optimista" con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aunque ha reconocido que esa negociación "siempre es complicada". Este año, y pese a las negativas de su socio del Gobierno, Montero pretende que haya una partida superior en defensa. "Es compatible el gasto en defensa con el social", ha asegurado. "Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo mucha antes de lo que muchos vaticinan", ha concluido la titular de Hacienda.