Las claves de la ley del solo sí es sí: del castigo al piropo a considerar violación toda agresión sexual no consentida

 La ley del solo sí es sí avanza hacia el Senado después de que este jueves la mayoría del Pleno del Congreso haya mostrado su apoyo a la norma, que, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será de los derechos más importantes "que podamos dejar a nuestras hijas".

La ley, que ha sufrido cambios durante su tramitación en la Cámara Baja, mantiene la modificación del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, hace del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantiza una atención integral a las víctimas. Se pone fin a la distinción entre abuso y agresión sexual con una reforma del Código Penal que pasará a considerar violación todos los actos sexuales no consentidos por la víctima, que serán castigados con diferentes tipos de penas en función de la gravedad y de las circunstancias. Hasta ahora la distinción se determinaba en función de si concurrían episodios de violencia o intimidación. Cambiar esto era una reivindicación del movimiento feminista.

Además, con las enmiendas incorporadas considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución, reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

También el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y blindad la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

En esta jornada, tras una larga votación de decenas de enmiendas, solo se han aprobado cuatro en el pleno, la principal, consensuada por el PSOE, Podemos, ERC y Bildu para que los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.

"Hoy es un día muy importante para las mujeres de nuestro país; el solo sí es sí, el hermana yo sí te creo por fin se convierten en una ley; la libertad sexual, por fin, va a ser un derecho en nuestro país, y vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo", ha sentenciado Irene Montero durante su intervención que ha cerrado el debate.

El nuevo sistema de penas va desde una multa hasta penas de prisión de 12 años para las violaciones agravadas, y de hasta 15 años cuando concurran dos circunstancias agravantes. Entre los agravantes están, entre otros, las agresiones sexuales cometidas por dos o más personas, el uso de fármacos o drogas para anular la voluntad de la víctima, que la mujer sea pareja o ex pareja (aun sin convivencia) o el uso de la violencia física o armas para amenazar.

Una novedad es la persecución como delito de las expresiones, piropos, comportamientos o proposiciones de carácter sexual "que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria". Acarrearán multa o trabajos en beneficio de la comunidad o pena de localización permanente. Para eso la persona agraviada tendrá que interponer una denuncia.

Se establece un catálogo de medidas para brindar a las víctimas de violencias sexuales una asistencia integral especializada para abordar su situación. Desde la atención médica, psicológica o laboral, al asesoramiento jurídico y asistencia jurídica gratuita. Para poder prestar este servicio se pondrán en marcha "centros 24 horas" bajo los criterios de "atención permanente y actuación urgente".

En cuanto a las víctimas menores de edad, se establecen las bases para implementar en España el modelo Children's House anglosajón o Barnahus escandinavo. Se busca que en estas Casas de Niños los menores reciban una atención especializada. También que la obtención de justicia se haga con mayores garantías y sin revictimizar a los menores, por ejemplo obteniendo un testimonio en condiciones de seguridad que facilite la investigación.

La difusión de fotografías y vídeos privados de contenido sexual sin consentimiento será una conducta castigada con penas de tres meses a un año de cárcel o una multa de seis a 12 meses. Igualmente, compartir o reenviar por WhatsApp u otras vías este tipo de imágenes después de haberlas recibido será también objeto de una multa de uno a tres meses.

El sistema educativo impartirá contenidos sobre "educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado apropiados en función de la edad" y "en todos los niveles educativos". Además, en todas las etapas habrá contenidos formativos "sobre el uso adecuado y crítico de internet y las nuevas tecnologías, destinados a la sensibilización y prevención de las violencias sexuales y la protección de la privacidad".

Además de la violación se catalogan como violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.