El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pasado gran parte de su campaña socavando la confianza en el sistema electoral y sembrando dudas sobre la limpieza del voto por correo, lo que suscita dudas de que, después de esta noche, acepte una posible derrota ante su rival demócrata, Joe Biden.

Trump incluso ha insistido en que sólo podría perder estos comicios por un fraude electoral, haciendo sonar las alarmas entre los expertos constitucionalistas sobre la posibilidad de que el escrutinio abra una crisis peor a la protagonizada en el año 2000 por George W. Bush y Al Gore por el recuento de votos en Florida.

Preguntado en septiembre si, en caso de perder, se comprometía a una transferencia pacífica del poder, se negó a hacerlo.

"Vamos a tener que ver qué pasa (...) No habrá transferencia, francamente, habrá una continuación. Las papeletas están fuera de control", dijo en referencia al voto por correo, cuya legitimidad ha puesto en duda repetidamente pese a que es un sistema totalmente instaurado en el país.

Un día después, en una iniciativa inusual, el Senado aprobó por unanimidad una resolución que reafirmaba su compromiso con que "no haya interrupciones por parte del presidente ni de ninguna persona en el poder para anular la voluntad del pueblo estadounidense".

"El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será investido el 20 de enero. Habrá una transición ordenada, tal como la ha habido cada cuatro años desde 1792", tuiteó entonces el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

Y la solución de Biden cuando fue preguntado sobre el tema en junio pasado fue más simple: "Estoy absolutamente convencido de que (el Ejército) lo escoltará fuera de la Casa Blanca ipso facto".

Sin embargo, el desenlace de las elecciones puede no ser tan sencillo como eso, y no depende tanto del hecho de que Trump, en caso de perder, admita la victoria de Biden, sino más bien de su proverbial ejército de abogados.

"Lo que realmente importará serán los desafíos legales a los resultados oficiales (que plantee Trump), que pueden ser tantos que podrían prolongar la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones", dijo Judith Kelley, decana y profesora de la escuela Sanford de Políticas Públicas de la Universidad de Duke.

La ley no exige a Trump dar un discurso en el que acepte la derrota, explicó, pero las batallas legales podrían derivarse en una crisis constitucional si llegan a influir "en las decisiones de los gobernadores sobre a quién enviar al colegio electoral".

"Y si, en última instancia, puede haber decisiones contradictorias a nivel estatal entre gobernadores y legisladores estatales sobre qué resultados enviar al Congreso", agregó.

El complicado sistema electoral estadounidense, en el que los votantes no eligen al presidente, sino a los compromisarios de un Colegio Electoral de 538 delegados, que son los que a la postre votan por el presidente, abre multitud de interrogantes.

Tras las elecciones, las autoridades estatales tienen hasta el 8 de diciembre para resolver cualquier controversia que pueda surgir sobre la elección de sus compromisarios del Colegio Electoral, y el 14 de diciembre sus miembros se reúnen en sus estados y votan formalmente al presidente, una votación que ha de avalar el nuevo Congreso el 6 de enero.

Gana el candidato que obtenga la mayoría de los 538 votos electorales existentes, es decir, al menos 270.

En relación a la crisis que en el año 2000 mantuvo durante mes y medio al país sin saber el ganador de la elección entre George W. Bush y Al Gore, por lo ajustado del resultado y problemas con las máquinas de votación, hasta que el demócrata se declaró derrotado, Kelley sugiere que la situación ahora se presenta peor.

"El Tribunal Supremo no está ahora ni más ni menos preparado que en 2000 (...) Sin embargo, este año es probable que tengamos batallas legales en muchos más estados, y no solo en uno", aseguró.

A ello se suma la incorporación por parte de Trump de la jueza conservadora Amy Coney Barrett al Supremo el pasado 27 de octubre, prácticamente con las elecciones encima.

"El hecho de que un juez recién nombrado por el titular (de la Presidencia) pueda fallar en estos casos bien puede ser visto por muchos como un problema", declaró la experta.

Kelley consideró que el sistema democrático, en general, es ahora más débil que en 2000 por la influencia extranjera en las elecciones de 2016, porque Trump fue objeto de un juicio político y porque "muchas normas democráticas se han degradado en los últimos cuatro años", durante su Presidencia.

En declaraciones a los periodistas entre mitin y mitin electoral el pasado domingo, Trump volvió a poner en entredicho el sistema del voto por correo, sin aportar pruebas del fraude generalizado que viene denunciando, y en concreto puso en duda la honestidad en los estados gobernados por demócratas, algo sin precedentes en EE.UU. "Tan pronto como terminen las elecciones, iremos con nuestros abogados", amenazó Trump.