El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, lleva más de 20 años al frente del país y nunca se ha librado de las polémicas por sus cuestionados actos de represión. La más reciente, la represión que sufre la oposición por parte del propio Gobierno tras unas elecciones que la UE declara como fraudulentas.

Su mandato, durante más de 20 años, es objeto de controversia y muchas voces le acusan de ejercer un poder autoritario, con violación de los derechos humanos y persecución a opositores.

Lukashenko ha ganado las elecciones en seis ocasiones con porcentajes superiores al 70% de los votos, unos resultados que han sido considerados como fraude electoral por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Los resultados de las elecciones del pasado 10 de agosto han sido puestos en duda, no sólo por parte de la oposición, sino también de un amplio espectro de la comunidad internacional.

Lukashenko revalidó con el 80 por ciento de los sufragios su sexto mandato consecutivo al frente de Bielorrusia, que no ha conocido otro presidente más que él desde que se decretó la independencia de este antiguo territorio de la Unión Soviética en 1994.

Los resultados provocaron una ola de indignación en parte del país, cuya capital, Minsk, se convirtió en el escenario de protestas multitudinarias desde el pasado 9 de agosto, que según el propio Ministerio del Interior de Bielorrusia ha dejado un balance de 430 detenidos, 385 de los cuales ya han sido puestos en libertad; además de seis fallecidos.

La oposición, por su parte, que ha exigido la repetición de las elecciones --algo que Lukashenko ha descartado contundentemente--, ha denunciado la detención de hasta 10.000 personas, así como centenares de heridos.

El eurodiputado y presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Bielorrusia, Robert Biedron, ha llamado a la "solidaridad internacional" para favorecer la resolución de los conflictos políticos en el país.

El Parlamento Europeo ha dejado claro en varias ocasiones que la Unión Europea (UE) "no reconoce" a Lukashenko como presidente legítimo del país y ya ha sancionado a 55 altos cargos del régimen bielorruso por fraude electoral en los comicios presidenciales, así como la represión posterior contra manifestantes y opositores.

De este modo, ha puntualizado que, al no avalar el resultado de las elecciones, la UE no reconoce como presidente democráticamente elegido a Lukashenko, sí admite que es un régimen, y reconoce "a la política de la oposición, Sviatlana Tsikhanouskaya, como la líder del movimiento democrático en Bielorrusia".

Ha puesto en valor que la sociedad civil se organice para exigir libertad, dignidad y soberanía, y ha remarcado que el movimiento de la oposición cuenta con una alta participación por parte mujeres, quienes "están en primera línea y encabezan las manifestaciones, algo excepcional y único".

La UE ha alertado de que Bielorrusia se encuentra bajo la influencia y dependencia del Gobierno ruso, presidio por Vladimir Putin: "Si Bielorrusia está influenciada por el régimen del Kremlin, no habrá tipo de éxito. Por eso, se exige una acción urgente por parte de la UE. Contra más dura y contundente sea la UE al respecto, más se decantará el Kremin hacia algún tipo de negociación".

Ha afirmado que la UE debería "redefinir las políticas hacia Bielorusia" con acciones horizontales, de compromiso crítico y de cooperación de la UE con Bielorusia a través de ayudas financieras más amplias y sanciones más efectivas, en sus palabras.

Ha asegurado que hay una "enorme mayoría" en el Parlamento Europeo que apoya la resolución del conflicto en Bielorrusia, que reclama que se detenga la persecución, la violencia y las detenciones arbitrarias de los oponentes de Lukashenko, y que exige la libertad de los lideres sindicales, activistas y periodistas detenidos.