La misiva, remitida además a la portavoz de Interior de la oposición laborista, Diane Abbott, señala que "no presumimos su culpabilidad, por supuesto, pero creemos que debe seguirse el debido proceso y que la reclamación (sueca) debe ser procesada en primer lugar".

El fundador de Wikileaks entró en la Embajada ecuatoriana en Londres en 2012 para evitar su extradición a Suecia y siempre ha mantenido su inocencia. Una de las dos causas que motivaron la petición de extradición está ya extinta, pero la otra está vigente solo hasta agosto de 2020, fecha en la que prescribiría si no se abre un proceso judicial.

La Fiscalía británica ha aclarado ya que ante la existencia de dos peticiones de extradición de distintos países sobre la misma persona, es el ministro del Interior quien decide cuál aplica teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la fecha de las solicitudes y los lugares en los que se cometieron los delitos.

Esta situación es ahora más pertinente que nunca, ya que el pasado 11 de abril el Gobierno de Ecuador retiró su protección a Assange y fue detenido por las autoridades británicas y condenado de inmediato por incumplir los términos de su libertad condicional.

Sin embargo, el Gobierno británico mencionó tras el arresto únicamente la petición de extradición estadounidense, relacionada con su actividad como activista y fundador de Wikileaks, lo que hizo saltar las alarmas y puso el foco en el presunto delito sexual del que se le acusa en Suecia.

La abogada de la mujer sueca que denunció a Assange, Elisabeth Massi Fritz, ha subrayado que la detención de Assange les ha sorprendido y ha instado a la Policía sueca a reabrir la investigación.

Por otra parte, los abogados de Assange han explicado que Estados Unidos tiene un plazo de 65 días para plantear un pliego de cargos concreto que podría ampliar el listado de delitos que se le imputan.

Así, han afirmado que irán a la batalla judicial hasta sus últimas consecuencias para evitar la extradición porque este caso supone "un precedente peligroso por el que cualquier periodista podría ser acusado en Estados Unidos por publicar información veraz sobre Estados Unidos", ha apuntado la abogada Jennifer Robinson.