Disturbios, saqueos, episodios de violencia, gases lacrimógenos y la ocupación de la sede parlamentaria en Ecuador. El polvorín estalló en el país andino después de que el gobierno de Lenín Moreno impusiera una reforma económica con la subida de los impuestos a los combustibles. El presidente, que ha pedido la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal, se muestra abierto al diálogo con los líderes indígenas, que promovieron las protestas en la que hay tres muertos y cientos de heridos.

Los líderes indígenas han organizado marchas multitudinarias de protestas convulsionando desde hace una semana el país y pidiendo la dimisión del presidente. Lenín Moreno ha vuelto a la sede gubernamental de Quito y ahora ha admitido que es "responsable" de la situación que está viviendo Ecuador.

"Es responsabilidad mía lo que está pasando este momento, es por eso, que estamos tomando las medidas necesarias para poder transformar radicalmente y estructuralmente el país", ha asegurado en una entrevista con la CNN.

Moreno ha explicado la tan criticada decisión de abandonar la sede del Gobierno en Quito, centro de las protestas, y trasladarse a Guayaquil. "Desde ahí estamos gestionando el proceso de diálogo, paz, orden y atendiendo a las personas que aportan con sus ideas, principios y valores que deben regir en la democracia", ha subrayado.

"La vida del presidente no es lo más importante, sino el mantenimiento del orden democrático, de la paz, el camino hacia el progreso y poder administrar el país y la crisis de la mejor manera, la más correcta, legal y justa".

El origen de las protestas es la reforma económica de Lenín Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares para el país. Sin embargo, el presidente, que se ha mostrado favorable al diálogo con los manifestantes, ha asegurado no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo".

Este es la línea roja que han puesto los líderes de las protestas que exigen la marcha atrás de la reforma económica, como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones