El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un "pin parental" en los centros educativos, al considerarlo "una censura previa" por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios.

Un anuncio que ha sido respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a través de un tuit ha comentado que "el 'pin parental' vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación", que es "un derecho fundamental, un derecho constitucional".

Sánchez ha asegurado que "recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia" y ha añadido: "Seremos firmes".

La ministra Isabel Celaá ha manifestado previamente en un comunicado su "rechazo" a esta práctica que ha calificado de ilegal.

El "pin parental", defendido por Vox, permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar.

El comunicado de Educación y las declaraciones de Sánchez se producen después de que Vox pretenda incorporar esta práctica para dar el sí a los presupuestos de las comunidades de Murcia y Madrid.

Para el Ministerio, la imposición del denominado "pin parental" por parte de Murcia a sus centros educativos es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), a las propias normas autonómicas, así como a la Ley Contra la Violencia de Género.

Subraya, además, que la iniciativa "ha generado una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa".

Celaá ha insistido en que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española.

Asímismo, contraviene diversos tratados internacionales ratificados por España (Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), y el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI, señala el Ministerio.

Educación ha recordado que la normativa prescribe que son los docentes quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes.

El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.

En Andalucía, la implantación del "pin parental" fue una las condiciones de Vox para negociar el Gobierno autonómico con el PP, al igual que sucedió en Murcia, donde este debate acapara los titulares de estos días.

Este jueves en la comunidad madrileña, el vicepresidente Ignacio Aguado ha advertido a Vox que en la negociación de los presupuestos regionales para 2020 Ciudadanos y el Ejecutivo no van a "recortar derechos y libertades civiles", no van a "tocar" políticas en materia de violencia machista, ni introducir el "pin parental".

Por su parte, la asociación de extrema derecha y ultracatólica "Hazte Oir" asegura que ha recaudado 55.000 firmas hasta el momento para solicitar a los presidentes autonómicos de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla León, y a los líderes de Vox, PP y Ciudadanos la implantación de esta "solicitud de información previa y consentimiento expreso".

Quieren que los centros informen previamente a los padres sobre cualquier actividad, charla, taller o similar que afecte a los valores del alumno en materia afectivo-sexual, diversidad sexual y modelos de familia.