El articulado inicial del anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno el 19 de octubre de 2018 establecía como “infracción tributaria grave” los intentos de enmascarar el lugar de prestación de servicios de las actividades gravadas al 3% por el nuevo impuesto, básicamente la publicidad online, las plataformas de intermediación entre empresas y consumidores o la venta de datos de usuarios.

La norma apuntaba en particular al “falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otros instrumentos de geolocalización”. Dicha infracción se penalizaba con una multa de 150 euros por cada acceso enmascarado, con un límite de 15.000 euros anuales para personas o entidades sin actividad económica. La multa ascendería al 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior para las empresas que sí realizan negocios.

Como el impuesto solo afecta a compañías con una facturación de al menos tres millones de euros en España, y 750 millones en todo el mundo, la sanción mínima para ellas sería de 15.000 euros. No había un límite por tanto, pero ahora solo se habla del 0,5% de la cifra neta de negocios del año natural anterior a la penalización por cada ejercicio en el que se hayan detectado incumplimientos de la nueva regulación. La horquilla ahora no puede ser inferior a 15.000 euros pero tampoco más de 400.000. Es decir, una decisión que favorece claramente a las grandes empresas de sector.

Hacienda explicaba que el "fuerte crecimiento" de la publicidad online y el tráfico de datos justificaba duplicar la previsión de ingresos por este nuevo impuesto hasta los 1.200 millones, desde los apenas 600 millones que estimaba el equipo del exministro Montoro. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó su previsión de recaudación a una horquilla de entre 546 y 968 millones.

Como explica Laura Sales, responsable de Content Marketing y de la definición de la estrategia social y off-site de idealo.es podemos hablar de que el impacto del impuesto va a volver a recaer en las empresas medianas o pequeñas, que deberán hacer una reestructuración que afectaría a inversiones y contratación. Eso o pagarán los usuarios. Y se da otro problema añadido con esta tasa. Que a falta de una directiva europea común cuando esta llegue España deberá adaptarse a la misma, y por el camino puede perder el camino hacia la digitalización. “Ha habido muchas presiones de las grandes empresas porque aunque el objetivo es que esas empresas coticen la realidad es que algunas pueden decidir marcharse”. En un mundo en el que "se quiere eliminar fronteras tecnológicas lo que no se sabe es si este tipo de iniciativas y más si se toman de forma unilateral son un paso adelante o atrás". Al final lo que parece y más con los nuevos cambios es que de nuevo podrían ser los mismos los que tendrán que apretarse el cinturón.