La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado contraria a Derecho la ley que obligaba a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos en el extranjero por medio del conocido como modelo 720, permitiendo a Hacienda imponer altas sanciones a quien no lo hiciera, aventura el fin de algunas de las argumentaciones clásicas sobre su lugar de residencia que han utilizado los famosos perseguidos por la Agencia Tributaria para defenderse.

Pero, ¿qué es el modelo 720?. Éste es el que exige a los ciudadanos a informar sobre los bienes en el extranjero. En él se establecen multas que pueden llegar hasta el 150% en el caso de que se presente fuera de plazo ante la Agencia Tributaria.

La medida se impulsó por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, durante la etapa del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy.

Dentro de la norma, que en un principio era meramente informativa, pero que después se ha convertido en una fuente de ingresos para el Estado, se prevén sanciones de 5.000 euros por cada dato que no se haya declarado, con un mínimo de 10.000 euros.

En el caso de que se haya declarado pero se haya realizado fuera de plazo, las multas en ese caso serán de 100 euros por cada dato aportado, con un mínimo de 1.500.

En 2015, Bruselas avisó de la ilegalidad del modelo 720 a España, pero ni el Ejecutivo de Rajoy ni el actual de Pedro Sánchez han hecho nada para modificarlo. Ahora, el TJUE obliga a Hacienda a rebajar las sanciones.

Según datos de la Agencia Tributaria, desde la entrada en vigor en 2013 del modelo 720, se han impuesto más de 5.000 sanciones a los contribuyentes, poniendo bajo control más de 156.000 millones de euros de bienes por parte de Hacienda.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno modificará el modelo 720 y ha precisado que se introducirá un plazo de prescripción (ahora el delito no prescribe) y que las sanciones serán "proporcionadas".

Así, la ministra ha indicado que las correcciones que debe introducir el Ejecutivo se dirigen hacia la imprescriptibilidad de la potencial deuda tributaria generada en caso de no presentación del modelo, algo rechazado por el Tribunal, de manera que habrá un periodo de prescripción.

Asimismo, ha afirmado que se rebajará el importe de las sanciones impuestas, que Montero ha descrito como "abusivas" y las ha atribuido "al señor Montoro, que quiso compensar la amnistía fiscal que había producido".

"El Gobierno de España va a corregir esas cuestiones, que las sanciones sean proporcionadas y que haya un periodo de prescripción, pero sigue vigente la presentación de este formato", ha señalado Montero, recordando que el plazo para presentar el modelo 720 concluye el 31 de marzo.