El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está preparando una reforma de las pensiones que llegaría este año 2021 o, como muy tarde, en el 2022. La propuesta de reforma, que todavía se está negociando con los agentes sociales, cambiaría los coeficientes de las jubilaciones anticipadas (penalizándolas aun más), incentivaría el retraso en la edad de jubilación y eliminaría el índice de revalorización de las pensiones que añadió el PP a la reforma de 2013.

Este último punto congelaría las pensiones en los años en los que hubiera un IPC negativo. La nueva fórmula de revalorización de las pensiones establecería que subirán el 1 de enero de cada año conforme a "la inflación media registrada en el ejercicio anterior" y quedarán congeladas en caso de que el índice de precios de consumo (IPC) sea negativo, lo que no implica una pérdida de poder adquisitivo.

El borrador con la propuesta de reforma de las pensiones que plantea el Gobierno establece que, cada cinco años y junto a los agentes sociales, se evalúen los efectos de la revalorización y traslade al Pacto de Toledo una propuesta de actuación "si fuera necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones".

El ministro, José Luis Escrivá, ha señalado que el acuerdo en el primer paquete de la reforma de pensiones era "inminente".

Uno de los puntos más destacados de la propuesta de reforma es la penalización que se quiere aplicar a las jubilaciones anticipadas voluntarias. Así, el borrador del Ministerio endurece las condiciones para los que se jubilen 24 o 23 meses antes de alcanzar la edad legal y también para quienes lo hagan a falta de 1, 2 o 3 meses de cumplirla, mientras que se suavizan para el resto de supuestos intermedios.

En el supuesto de querer retirarse del mercado dos años antes de la edad, la nueva penalización para quienes tengan 38 años y 6 meses cotizados (el mínimo exigible) sería del 21% frente al 16% actual. A partir de ahí, los coeficientes van reduciéndose y son menos duros que los actuales hasta llegar a los últimos tres meses antes de cumplir la edad legal, donde se vuelven a endurecer.

El menor coeficiente reductor, un 2,81 % frente al 1,6 % actual, quedaría para los que opten por retirarse un mes antes y tengan cotizados más de 44 años y medio. El Gobierno también plantea un régimen transitorio de 12 años, con coeficientes distintos, para los trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima para "reforzar la equidad" del sistema.

En cuanto a la jubilación anticipada forzosa, a la que se podrá acceder también cuando se haya extinguido el contrato laboral por razones objetivas o de forma voluntaria, el borrador plantea que los coeficientes reductores igualmente se aplicarán por mes de adelanto y no por trimestre. Sin embargo, estos trabajadores podrán optar por los coeficientes aplicados a la jubilación anticipada voluntaria siempre que éstos sean más favorables que los hasta ahora vigentes.

Respecto a las cláusulas de jubilación forzosa al cumplir la edad legal siempre que se tenga acceso a la pensión completa, el Gobierno permitirá mantener las ya incorporadas en los convenios colectivos mientras mantengan su vigencia, mientras que a futuro solo se podrán incluir a partir de los 68 años.

El Ejecutivo también quiere revisar los criterios para solicitar la jubilación anticipada en el caso de trabajos peligrosos o penosos, que deberán plantear la patronal o la administración correspondientes y los sindicatos, así como concretando en qué casos concurren estas circunstancias mediante un desarrollo reglamentario.

Para incentivar la jubilación demorada, el Gobierno establecerá exenciones en las cotizaciones por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, desde que el trabajador cumpla la edad ordinaria de retiro y fijará incentivos por su prolongación: una subida del 4% por cada año de retraso, un cheque de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos.

Para acceder a la jubilación activa, que permite compatibilizar salario y pensión, el documento establece que el trabajador deberá haber seguido en activo un año más una vez alcanzada la edad legal.

En los casos de los trabajadores cercanos a la jubilación pero de baja por incapacidad temporal, el Gobierno plantea una reducción de las cotizaciones sociales del 75% para aquellos que hayan cumplido los 62 años.