La medida del Gobierno contra las eléctricas para intentar bajar el precio de la luz

El presidente del Gobierno pronosticó que a finales de 2021 habremos pagado el mismo precio de la luz que en 2018. Por el momento los récords no cesan. Y eso, según el propio Ejecutivo está repercutiendo en unas encuestas que dan el poder al PP junto a Vox. En un Gobierno que tiene por bandera no dejar a nadie atrás el precio de la luz está siendo un foco de tensión entre el PSOE y Podemos.

El Gobierno obligará a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales, una medida que irá incluida en un plan de choque para amortiguar el impacto en el recibo de la luz del encarecimiento del mercado eléctrico mayorista y que prevé aprobar en las próximas semanas.

Los precios en el mercado eléctrico o pool se encuentran actualmente en máximos históricos, entre otras cuestiones, por los altos precios del gas natural, materia prima que utilizan los ciclos combinados, las centrales más caras y que están marcando el precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado.

"La perspectiva del gas sigue siendo preocupante", por eso, el Gobierno trabaja desde comienzos de verano en un paquete de medidas adicionales, ha dicho en declaraciones a Antena 3 la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que ha confiado en poder llevar dichas medidas al Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Esas medidas incluirán el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables y medidas para asegurar que la malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas (venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios) no se vuelva en contra de los consumidores. Además, se crearán mecanismos de mercado "alternativos" compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un "peso importante" en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales "a un precio fijado por subasta", ha dicho la ministra.

Europa no permite que los gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear (más baratas de producir), ha recordado Ribera, que ha subrayado que por ello están trabajando en pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales.

"Evidentemente habrá un suelo, que son los costes, pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa", ha añadido la ministra en referencia a la petición de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear. El objetivo es "hacer las cosas bien", para evitar batallas legales o arbitrajes internacionales, y buscar otros modos para fijar el precio de la energía al margen del mercado mayorista, según Ribera, que en reiteradas ocasiones ha abogado por "achicar" el pool.

La ministra ha insistido en que aunque la subida del pool es llamativa, lo importante es que nadie se agobie por ello, porque hay qué ver qué pasa con la factura y no sólo con el mercado mayorista. "El crecimiento exponencial del pool no se ha reflejado en las facturas. Alguna gente ha pagado lo mismo, otra algo menos o otra algo más", ha afirmado Ribera, tras recordar que el Ejecutivo ha rebajado temporalmente el IVA que graba el recibo eléctrico y suspendido el impuesto a la generación.

En todos los países de la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por el gestor del sistema y mediante un sistema marginalista que implica que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las centrales que aporten energía en esa hora.

En España el precio del pool tiene un peso en torno al 24 % en la factura de la luz de más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que en otros países la tarifa regulada se calcula tomando como referencia otros indicadores.

Los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre, que son unos 17 millones, pagan por el kilovatio hora los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del pool de manera inmediata, aunque sí verán sus facturas incrementadas en caso de que la tendencia al alza se mantenga en el largo plazo.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, también ha entrado en este tema para descartar este lunes la creación de una empresa energética pública como demanda Unidas Podemos y ha advertido de que el Gobierno tiene intención de tomar medidas legales "inmediatas" contra las empresas hidroeléctricas que están incurriendo en "malas prácticas" por el vaciado de embalses.

"Vamos a terminar con las malas prácticas de aquellas empresas concesionarias en el ámbito hidroeléctrico. Nuestra intención es inmediatamente utilizar instrumentos legales para poner fin a esa mala praxis", ha subrayado Calviño en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press. La vicepresidenta ha subrayado que la energía hidroeléctrica y las renovables deben aumentar su penetración por ser las más limpias, pero ha insistido en que no se puede permitir que se realice una gestión "inadecuada de unas concesiones públicas que, por razones puramente de beneficios de las empresas", tengan consecuencias negativas desde el punto de vista social y medioambiental".

Respecto al actual precio de la luz, Calviño ha asegurado que había previsto a medio y largo plazo un aumento de los precios mayoristas por el incremento de los costes deL CO2. "Pero ese aumento se ha acelerado muchísimo y los precios que estamos teniendo los preveíamos para 2030", ha apuntado.

La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno ha adoptado y está trabajando en un plan de choque para que el repunte de precios de la electricidad no lo paguen los ciudadanos y las empresas, sobre todo las pymes, aunque ha insistido en que los precios del mercado mayorista no son los que automáticamente se pagan en el recibo.

En línea con lo dicho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Calviño ha asegurado que la previsión del Ejecutivo es que en el conjunto del año "se pague aproximadamente" lo mismo que en 2018 por la luz, "teniendo en cuenta la inflación que ha habido desde entonces", ha precisado.

El plan de choque en el que trabaja el Gobierno para rebajar los costes de la factura, ha indicado, ampliará y profundizará algunas de las medidas ya adoptadas, siempre con el respeto al marco regulatorio comunitario, y con el objetivo de que sean "eficaces". Así, ha descartado medidas que "no responden a las necesidades" y que realmente no sirven para atajar los problemas, entre ellas la creación de una empresa energética pública como demanda Podemos.

"La evolución de los precios en los mercados mayoristas no depende de que una empresa sea pública o privada (...) Hay otras ideas y sugerencias que no van a resolver en absoluto los problemas. Queremos tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a males mayores en el futuro", ha defendido Calviño. La vicepresidenta primera ha señalado que no sólo se refiere a las ideas de Podemos, también a las propuestas que está haciendo el PP y que ha definido como "una especie de mancha de tinta de calamar que no responde en absoluto a las necesidades" de los ciudadanos.

Preguntada por si las diferencias que existen en el Gobierno de coalición sobre cómo combatir los elevados precios de la luz ponen en peligro el apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 o la propia coalición, la vicepresidenta ha pedido que, en general, "se rebaje un poco el grado de crispación, el tono y las declaraciones rimbombantes que se oyen de unos u otros".

"La realidad es que España necesita unos Presupuestos Generales del Estado", ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido que el Gobierno de coalición "tiene muy buena salud" y que el objetivo es terminar la legislatura y seguir trabajando en lo que queda de ella.