Estado de alarma económico

El coronavirus en España mantiene “las tendencias observadas en los últimos días” pese a que el último balance ofrecido por Sanidad muestra un ligero repunte que se atribuye al ya tradicional desfase asociado a los datos del fin de semana, tal como ha vuelto a recordar el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. En total, nuestro país registra ya 25.613 muertos y 219.329 casos después de que en el último balance se hayan sumado 185 muertes y 867 nuevos contagios.

Los decesos, ha dicho Simón, pese a subir ligeramente, “mantienen un claro descenso semana a semana que se ha agudizado durante los últimos 7 días”, estabilizándose “por debajo de 200”.

Así mismo, “los ingresos en UCI y los ingresos hospitalarios mantienen las mismas tendencias” y ya son 123.486 las personas que han superado la infección, cifra en la cual “se incluyen tanto los enfermos en que se han recuperado como aquellos a los que se le ha detectado una prueba de defensa, de anticuerpos contra el virus, y que en algún momento hayan estado infectados aunque no se haya podido detectar el momento en que ha tenido la enfermedad si la ha llegado a tener”.

En este contexto, España ha discurrido en la segunda jornada de la denominada fase 0 en un día marcado especialmente por el ámbito político y económico. Este martes, día en que el Consejo de Ministros ha aprobado pedir una cuarta prórroga del estado de alarma recalcando que es este el “único instrumento” eficaz para poder mantener las medidas que han dado resultado, es decir, “el confinamiento y la restricción de movilidad”, nuevamente hemos conocido que el paro ha vuelto a subir, sumando 282.891 personas en abril y llegando a 3,9 millones de desempleados en total, es decir, un alza del 8%.

El mes de abril de este año ha sido el peor de toda la historia debido a la pandemia, que ha hecho tambalear los cimientos económicos de todo el mundo, y con gran impacto en nuestro país. El mes pasado se destruyeron casi medio millón de puestos de trabajo, y ello sin tener en cuenta los cerca de 3,4 millones de trabajadores afectados por los ERTE, algo que hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido como “clave para la recuperación social y económica”clave para la recuperación social y económica”.

En la misma línea se ha pronunciado en la sesión de control en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha incidido en que los ERTE han funcionado para frenar la pérdida de empleos, creando una “red que necesitan los trabajadores”.

No obstante, los ERTE dejan otro récord histórico: casi 5,2 millones de personas están cobrando una prestación por desempleo, y en palabras del ministro de de Inclusión, Seguridad Social y Migrantes, José Luis Escrivá, “casi un 30% de la población activa ocupada está siendo protegida”.

En este sentido, los que han perdido su empleo por la pandemia han sido, sobre todo, los trabajadores temporales, afectando especialmente a los “menores de 35 años” relacionados con la hostelería, el turismo y el comercio, que son “el 50% de los afectados”.

A este respecto, Escrivá, que también ha puntualizado que “el 40% de los autónomos 1,2 millones, tiene prestación por cese de actividad y 600.000 han cobrado la incapacidad temporal”, ha señalado que hay sectores en los que su actividad ha caído “hasta un 80%”, pero se ha mostrado convencido de que en abril, y pese a todo, “se ha estabilizado el empleo, como muestran los datos de afiliación de la Seguridad Social”. Según ha indicado, el impacto del COVID-19 está siendo muy heterogéneo y ya el mes pasado se han observado “desarrollos positivos en construcción y agricultura”.

Por otra parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha referido también en esta jornada al denominado Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha en mayo y que, según ha avanzado, se podrá cobrar en junio y “erradicará”, tal como ha manifestado, casi todos los hogares con pobreza severa, los que ha cifrado en “el 20%”. Este ingreso, ha calculado, costará 3.000 millones de euros al año y beneficiará, como ha expresado en una entrevista para Informativos Telecinco, “a casi un millón de hogares”.

En otro orden de las cosas, el día lo ha protagonizado la pretendida prórroga del estado de alarma, que este miércoles se votará una vez más en el Congreso de los Diputados. Por activa y por pasiva, el Gobierno ha manifestado que el estado de alarma es “imprescindible mantenerlo hasta la nueva normalidad” porque, aseveran, “ha funcionado” y "no es momento de experimentos". Sin él, además de perder el denominado mando único en la gestión de la emergencia sanitaria, el plan de desescalada enfrentaría significativos riesgos al igual que los ERTE, que el Ejecutivo supeditó a la continuidad del estado de alarma, algo que el PP ha pedido eliminar, insistiendo en su ‘no’ a la prórroga en los términos conocidos.

Con ERC rechazando también por adelantado el apoyo y otros partidos como PNV pensándoselo, Pedro Sánchez insistía este martes en el Senado: “La medida que está frenando el contagio es precisamente el confinamiento, la restricción de la movilidad. ¿Cuál es el único instrumento que reconoce ese poder para poder confinar, restringir la movilidad? ¿Cómo puede hacer eso España sin el estado de alarma? No puede hacerlo. El único instrumento que permite al Gobierno luchar contra el COVID y salvar vidas es precisamente la prórroga del estado de alarma. Yo creo que en un momento tan importante y tan crítico, donde hay tantas incertidumbres, tanta angustia, al menos de los dos principales partidos se espera, se desea al menos, un acuerdo para que haya una prórroga del estado de alarma. Creo que es lo que están haciendo todos los países de Europa y una voluntad de ser precavidos y prudentes en esa desescalada para garantizar un horizonte de esperanza. Trabajemos por esa nueva normalidad”, insistía.

Y finalmente, con esa agónica prórroga en el aire, a última hora del día se conocía el acuerdo entre los socialistas y Ciudadanos para conseguir un apoyo que, finalmente, permitirá lograr la ampliación del estado de alarma. A cambio, el Gobierno mantendrá contactos semanales con Ciudadanos para “informar sobre la crisis sanitaria”, dialogar y consensuar medidas para la implementación del plan de desescalada”.