El Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio, aunque el Ejecutivo se reserva el derecho a prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha.

En concreto, el texto de este preacuerdo, que podría sufrir modificaciones de última hora para conseguir el sí definitivo de la patronal, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTE de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales. Además, se precisa que las empresas que se acojan a estos procedimientos no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No obstante, esta limitación no será aplicable a las empresas que, 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.

El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si así lo ve necesario.

De acuerdo con este borrador de Real Decreto-ley, se facilitará la transición de ERTEs de fuerza mayor a ERTEs por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción. A los ERTEs por causas organizativas, económicas, técnicas o de producción que se inicien tras la entrada en vigor de este nuevo decreto y hasta el 30 de junio les serán de explicación las características especiales establecidas en la regulación del 17 de marzo. Se permitirá además que estos últimos se tramiten mientras estén vigente un ERTE de fuerza mayor.

La regulación que se dio a mediados de marzo a los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 establece una exoneración de cotizaciones del 75 % para las empresas que a 29 de febrero de este año tuvieran más de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social y del 100 % para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. En el texto del decreto se señala que estas exenciones se mantendrán en mayo y junio para los ERTEs de fuerza mayor total.

En el caso de ERTEs de fuerza mayor parcial, la empresa, a partir de la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, se beneficiará de una exención de la cuota empresarial por los trabajadores que vuelvan a su actividad del 85 % en mayo y del 70 % en junio en el supuesto de que a 29 de febrero de este su plantilla fuera inferior a 50 trabajadores. Si contaba con más de 50 a dicha fecha, la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.

En el caso de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos desde la fecha de efectos de la renuncia al ERTE, la exención empresarial será del 60 % en mayo y del 45 % en junio para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 45% en mayo y del 30% en junio para las que tengan más de 50 empleados. Todas estas exenciones podrán ser prorrogadas en los mismos términos o en otros distintos si así lo decide el Consejo de Ministros o ser extendidas a ERTEs basados en causas objetivas.

Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTEs ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTEs por fuerza mayor derivados del Covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

En el borrador del decreto, si no hay cambios de última hora, se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado). En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora.

Ahora bien, en el texto se especifica que este compromiso de mantener el empleo seis meses después de reanudar la actividad no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores según los términos establecidos en el artículo 5.2 de la Ley Concursal.

El decreto crea una comisión de seguimiento tripartita de proceso de desconfinamiento que estará integrada por el Gobierno y los agentes sociales y que se reunirá con carácter ordinario el segundo miércoles de cada mes. El objetivo de esta comisión será el de realizar un seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito laboral "durante la fase de excepcionalidad atenuada", intercambiar datos y efectuar propuestas.

El Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido desde las 9.00 horas de este viernes, ha dado el visto bueno al preacuerdo alcanzado con el Gobierno en la noche del jueves para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta el 30 de junio, han informado a Europa Press en fuentes empresariales.

También han dado luz verde al acuerdo UGT, que había convocado a su Consejo Confederal para discutir el preacuerdo a las 9.00 horas de esta mañana, y CCOO, que celebró reunión de su Comisión Ejecutiva a las 11.00 horas.

De este modo, tras el visto bueno de los agentes sociales, el texto consensuado se aprobará en el próximo el Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo martes, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, han agradecido el compromiso de sindicatos y empresarios, quienes han demostrado "estar, como siempre, a la altura de las circunstancias".

"Se ha confirmado una vez más que los agentes sociales son una pieza indispensable para el avance social y económico de España", ha destacado Montero.

En un comunicado, la CEOE ha apuntado que su Comité Ejecutivo ha decidido este viernes aceptar la última propuesta planteada sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) tras las reuniones mantenidas en los últimos días en la mesa de diálogo social.

No obstante, la patronal ha apuntado que "hubiese deseado vislumbrar un acuerdo a más largo plazo que hubiera dado seguridad y certidumbre a las empresas y a las personas trabajadoras para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad".

La regulación que estableció el Gobierno con la crisis sanitaria facilitaba la presentación de ERTEs por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. La Seguridad Social informó el pasado martes de que 3,38 millones de ocupados estaban incluidos en ERTEs