Malos tiempos para el gasto sin medida y peores aún para quedarse en el paro o en casa sin poder hacer nada. El Banco de España cree que la política económica debería favorecer la formación de los trabajadores afectados por ERTE y, en algunos casos y bajo determinadas condiciones, permitir compaginar esa situación con el trabajo en otros sectores o empresas.

En su informe anual publicado ese martes, centrado en el análisis de la crisis del coronavirus, la entidad incide en que existe una notable incertidumbre sobre el porcentaje de empleados en ERTE (casi 2 millones a cierre de junio) que acabará recuperando su empleo. El Gobierno acaba de prorrogar los ERTE hasta septiembre.

Señala que la movilidad de los empleados más perjudicados por la crisis es en general escasa, especialmente en la hostelería y el comercio, y que convendría no retrasar una posible reasignación de trabajadores en previsión de un eventual repunte de la destrucción de empleo en los próximos meses. Al respecto recuerda que tras la crisis de 2008 los más perjudicados fueron los trabajadores del sector de las construcción y que en 2013 más de la mitad de los que se quedaron sin empleo permanecían desocupados y solo un 23 % había conseguido trabajo en otra rama de actividad.

A juicio de la entidad, la evolución de los ERTE dependerá no solo de sus ventajas económicas, sino también del desarrollo de la crisis sanitaria y de la capacidad de crecimiento y adaptación al nuevo entorno de cada sector y cada empresa, situación en la que parten con ventaja las ramas de manufacturas y las empresas de mayor tamaño.

Asimismo, con el objeto de minimizar el riesgo de un rebrote de la enfermedad, las ramas de ocio, hostelería, restauración y transporte aún siguen sometidas a importantes restricciones de aforo y deben adoptar distintas medidas de seguridad e higiene que condicionan el desempeño normal de su actividad. Ello podría retrasar la recuperación de la actividad desde el punto de vista de la oferta, ya que algunas de las restricciones que se mantienen en vigor es probable que limiten de forma significativa en el corto plazo la rentabilidad de muchas de las empresas vinculadas al turismo y su capacidad para retomar la actividad. En términos de empleo, destaca el Banco de españa, el ajuste que se ha producido en el sector turístico nacional en los últimos meses ha sido muy intenso.

A finales de mayo, el 7,8 % de los empleados en la hostelería -una de las ramas de actividad más vinculadas al turismo- se habían visto afectados por la caída en la afiliación a la Seguridad Social observada desde el comienzo de crisis, y el 55 % del total estaban sujetos a ERTE. Además, con datos hasta finales de abril, el 15 % de los trabajadores del sector estaban recibiendo la prestación por cese de actividad.

Al deterioro persistente que esta crisis podría causar al mercado laboral, se suma el daño sobre el tejido empresarial, para el que el Banco de España cree que habría que considerar medidas a corto plazo como el pago inmediato de las devoluciones del IVA o de los saldos pendientes a proveedores por parte de las Administraciones Públicas, así como nuevos programas de liquidez vinculados al cobro de la deuda de sus clientes o a los gastos fijos de su actividad comercial. Una vez superada la crisis, la entidad insiste en reclamar una estrategia de crecimiento integral a medio plazo, ambiciosa y sustentada en amplios consensos, cuyo diseño considera urgente.

Hace hincapié en que las vulnerabilidades que mantenía la economía española a finales de 2019 han condicionado la respuesta a la crisis y la magnitud de la recesión, al no haberse corregido el desequilibrio en las cuentas públicas, la temporalidad del mercado laboral, la escasa productividad o la elevada desigualdad, y al no haberse dado solución tampoco al envejecimiento de la población o al poco margen del sistema fiscal. Para el Banco de España el bajo crecimiento de la productividad es el principal factor determinante del modesto crecimiento potencial de la economía española, lo que se explica por el reducido tamaño de las empresas y por menores niveles promedio de capital humano y de capital tecnológico que otras economías de nuestro entorno.

Las trabas a la unidad de mercado y la regulación que obliga a las empresas de más de 50 empleados a constituir un comité de empresa, a pagar el IVA con una frecuencia mensual, a no poder presentar las cuentas en formato abreviado o a contratar a un auditor de cuentas conduce a un número anormalmente elevado de empresas justo por debajo de dicho umbral.

Además de eliminar barreras regulatorias, la entidad aconseja reforzar el apoyo a la innovación y replantear el diseño institucional del sistema educativo, que incluya una revisión profunda del contenido del currículo y del propio sistema de aprendizaje.

Además de eliminar barreras regulatorias, la entidad aconseja reforzar el apoyo a la innovación y replantear el diseño institucional del sistema educativo, que incluya una revisión profunda del contenido del currículo y del propio sistema de aprendizaje.

El Banco de España prevé una caída del 60 % en la actividad turística este año, tanto en España como a escala global, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, y ve poco factible que se alcancen los niveles de actividad previos a la pandemia antes del segundo semestre de 2021. En su informe anual, el organismo señala que incluso en un contexto en el que no se produjeran nuevos rebrotes de la enfermedad y se pudiera continuar avanzando en los planes de desescalada establecidos por las autoridades de los distintos países, la senda de recuperación será "muy gradual".

El informe dedica un apartado al turismo, un sector con un gran peso específico en la marcha de la economía no sólo por lo que representa del PIB, sino porque, como explica Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, por cada euro que no se gasta en turismo cae un 30 % la facturación de otro sector fundamental, como es el de la alimentación. Mientras no se disponga de una vacuna o un tratamiento eficaz para el covid-19 a gran escala, añade el documento, es previsible que la incertidumbre ante posibles rebrotes de la enfermedad siga influyendo negativamente en la actividad del sector.

Esta incertidumbre, junto con el deterioro de las rentas de los hogares y de las perspectivas macroeconómicas, supone un lastre evidente para la recuperación de la demanda turística nacional e internacional en el medio plazo.

El Banco de España asegura que la economía española tiene "margen para redefinir la cesta de impuestos" con el objetivo de favorecer en mayor medida el crecimiento económico y a la reducción del déficit y la deuda pública, para lo que pide el diseño y comunicación de un programa plurianual de consolidación fiscal con una senda coherente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, algo que podría hacer "absolutamente factible" reducir la ratio de deuda por debajo del 100% del PIB en diez años. Los ingresos por cotizaciones sociales, es inferior a la del promedio de la zona euro en unos 2 puntos porcentuales del PIB, lo que implica que podría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales.

En concreto, apunta que en torno al 40% de esa diferencia se explica por los menores ingresos del IVA en España como consecuencia del mayor porcentaje de bienes de consumo tasados al tipo reducido o superreducido, mientras que la recaudación derivada del impuesto sobre sociedades y de los impuestos especiales representa, en ambos casos, en torno a un 30% de la diferencia. Asimismo, afirma que la imposición medioambiental, que incluye además de algunos impuestos especiales, como el de hidrocarburos o el de la electricidad, otros impuestos indirectos, como el de transporte, también se sitúa en España unos 0,8 puntos porcentuales por debajo del promedio de la Eurozona.

El organismo apunta también en su informe que un "elemento distintivo" de la fiscalidad española "susceptible de reconsideración" es el "elevado nivel" de beneficios fiscales, derivados de la presencia de "numerosas" exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan con frecuencia "pérdidas importantes" de recaudación y "distorsionan" la eficiencia y la equidad del sistema impositivo.

"Los resultados que arroje la segunda fase del proceso de revisión del gasto público que está llevando a cabo la AIReF, que incluye explícitamente el análisis de los beneficios fiscales, supondrán una contribución importante de cara a este proceso necesario de revisión integral de la eficiencia del sistema impositivo", subraya el Banco de España.

En todo caso, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha aclarado que "en ningún momento" se insta a subir impuestos "ahora mismo", ya que a corto plazo es "absolutamente esencial" mantener el impulso fiscal de apoyo a rentas, empresas y hogares más vulnerables, por lo que los cambios impositivos los proyectan una vez este "bien asentada" la recuperación.

Sobre las denominadas 'tasas Google y Tobin', que se están tramitando en este momento en el Congreso, advierte de que el "alto grado de integración" internacional de la economía española y la posibilidad de que algunas bases imponibles puedan desplazarse "con una relativa facilidad", sugiere la conveniencia de alcanzar "un cierto grado de coordinación" con el resto de los países en la introducción de estos impuestos para evitar la aparición de "desventajas competitivas" y la "deslocalización de ciertas tareas".

Así, espera que las negociaciones en el seno de la OCDE sobre un nuevo impuesto digital deberían servir para fijar unas "condiciones comunes mínimas" para una eventual introducción ordenada de esta figura impositiva, al menos en el ámbito de las principales economías avanzadas, que se transpondrían después a la legislación española una vez se aprobaran.

Por el lado del gasto, ve conveniente incrementar el peso relativo de aquellas partidas relacionadas con la acumulación de capital humano y tecnológico, así como priorizar la inversión pública en innovación, al tiempo que apuesta por establecer un mapa claro de prioridades y mejorar la eficiencia del gasto público en todas sus rúbricas.

A corto plazo, el Banco de España apuesta por una "actuación decidida" en materia fiscal, que dé una respuesta "ágil y contundente", dirigida a contener las rentas de los hogares y de las empresas en el corto plazo y a reducir el riesgo de un deterioro persistente de la capacidad de crecimiento de la economía.

El Banco de España considera que en el corto plazo podría ser necesario prolongar el estímulo fiscal, de un modo focalizado y orientado a los agentes y sectores más afectados por la crisis, e incluso indica que puede ser preciso extender alguna de las medidas ya implementadas para hacer frente a la pandemia o introducir otras nuevas. "Si este fuera el caso, es fundamental que las decisiones adoptadas traten de maximizar el impacto potencial de los recursos públicos comprometidos y que se concentren en los sectores y en los grupos de empresas y hogares más afectados", reitera el instituto emisor.

Aunque pide un mayor estímulo en el corto plazo, el Banco de España advierte de que a medio plazo es necesario acometer "reformas de calado" para reducir el endeudamiento público y reconstruir márgenes para la actuación de la política fiscal ante futuras "perturbaciones negativas".

Así, advierte de que si las administraciones públicas no realizan ningún esfuerzo fiscal estructural en los diez próximos años, la ratio de deuda pública sobre el PIB permanecería, a finales de 2030, en niveles de entorno al 125% del PIB, lo que expondría a España a una situación de "vulnerabilidad crónica" y lastraría el crecimiento. En cambio, apunta que un escenario alternativo, en el que las administraciones adoptaran una política fiscal coherente con el cumplimiento de las exigencias del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante la próxima década, la ratio de deuda pública sobre el PIB podría reducirse hasta situarse por debajo del 100% a finales de 2030. Sus proyecciones apuntan a una ratio de deuda pública de entre el 114,5% del PIB y el 126,7% este año y entre el 111,7% y el 129% en 2021 y un déficit público de entre el 9,5% y el 14% este año y entre el 7,7% y el 9,1% el próximo.

Por ello, pide un "programa de consolidación fiscal plurianual", con reformas que aumenten la capacidad de crecimiento de la economía y permitan ampliar las bases impositivas, y que vinculen a todas las administraciones en torno a una definición "detallada" de los objetivos presupuestarios. Además, debería incorporar un plan de respuesta temprana ante posibles desviaciones con respecto a los objetivos establecidos. Con una política fiscal acorde al Pacto de Estabilidad y con las reformas calcula que la ratio de deuda pública podría reducirse incluso al 90% del PIB en 2030. A este respecto, Arce ha indicado que la reducción de déficit y deuda podría acometerse de forma gradual si se acomete con un plan de consolidación "creíble, transparente y comunicado con cierta prontitud".

Con un nivel de crecimiento del 1,7% España podría permitirse una reducción de la deuda "más gradual y menos agresivo en el uso de elementos fiscales". "Si creces más tienes bases impositivas más amplias y la digestión de la deuda sería menos costosa", ha apostillado, instando a acometer reformas para ganar crecimiento potencial, ya de por sí "modesto" antes de la crisis.