El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión, que supondrá elevarlo a 30 años desde los 25 actuales, pudiendo elegir los mejores 28 años. La reforma de las pensiones debería entrar en vigor en enero, según el acuerdo de España con Bruselas. La distancia entre los socios de Gobierno no lo va a poner fácil.

Según fuentes del Ministerio, el cambio "se realizaría de manera progresiva" e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, se propone un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos. Se trata, señalan, de una "propuesta inicial" del Gobierno, que ahora queda sujeta a la negociación con patronal y sindicatos, que este lunes se ha retomado con el objetivo de cerrar estas medidas comprometidas con Bruselas antes de final de año.

Junto al periodo de cálculo para la pensión -que ya se extendió de 15 años a 25 años en la reforma del 2011- el Gobierno ha planteado vincular la evolución de la base máxima al IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de una mejora de la pensión máxima. El Gobierno incide en que se trata de planteamientos que suponen "un punto de partida", abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año los dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, relativos a la "Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación" y "Adecuación de la base máxima de cotización del sistema".

De hecho, el Gobierno tienen el compromiso con Bruselas de que la reforma de las pensiones entren en vigor en enero. Sin embargo, este asunto vuelve a generar distancias entre los socios del Ejecutivo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera la propuesta de Escrivá "un endurecimiento" al acceso a la prestación por jubilación y un "recorte de derechos".

Por el momento, CCOO considera "claramente insuficientes" las propuestas presentadas este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también lamenta su "tardanza" para sentarse a negociar. El sindicato ha recordado en un comunicado que las variaciones en el periodo de cálculo no aparecen recogidas en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque admite que fueron incluidas por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Para CCOO, todavía no es necesario ampliar ese periodo, ya que se acaba de culminar el desarrollo de la extensión anterior y aún no existe certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria.

No obstante, el sindicato califica como "positivo" que el Ministerio haya atendido su reivindicación de garantizar la revalorización de las bases máximas y de todas las pensiones. De esta forma, se incorporará a la Ley General de Seguridad Social con carácter normativo que las bases máximas de cotización y todas las pensiones, incluidas mínimas y máximas, se revalorizarán cada año, al menos, con el IPC real promedio de los 12 meses precedentes. Esto evitará, a juicio de CCOO, que las bases máximas de cotización dependan de la "actuación discrecional" de cada Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Pese a la "satisfacción" por haber logrado la inclusión de esta propuesta, el sindicato exige medidas "más intensas" para el incremento de ingresos contributivos. Entre las reclamaciones del sindicato, también se encuentra la necesidad de incrementar la intensidad de las medidas relacionadas con la mejora de ingresos.

Sobre este punto, CCOO precisa que la base máxima de cotización en España estará en los 4.495,50 euros al mes y los 53.946 euros anuales desde el 1 de enero de 2023, con cerca de 1,1 millones de trabajadores que tienen salarios superiores a esa cifra. Estos concentran unos 30.000 millones de euros de salarios cada año que, si cotizasen en su totalidad, generarían ingresos por cotizaciones del entorno de los 7.000 y 8.000 millones de euros anuales. Del mismo modo, CCOO apunta que esa medida exige revisar la cuantía de la pensión máxima para garantizar el mantenimiento del principio de contributividad.

Respecto a la brecha de género en las pensiones, el sindicato aboga por incluir más medidas para su reducción y por mejorar las prestaciones vinculadas a la reducción del impacto de la brecha de género, como el complemento por brecha de género los periodos reconocidos como cotizados en situaciones de excedencia o la reducción de jornada.

En cuanto a la jubilación parcial, CCOO cree que debe revisarse esa modalidad para todos los colectivos profesionales.

Aunque esta mesa se centraba en la segunda parte de la reforma, en la reunión de este lunes se ha recordado la necesidad de concretar los desarrollos normativos pendientes de la primera fase, como el caso de la cotización de becarios y la modificación del artículo 248 de la Ley General de la Seguridad Social para resolver las incidencias de las prestaciones de incapacidad temporal en fijos-discontinuos en el sector agrario y el registro de parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad