Según recoge Euronews, esta pionera medida fue aprobada por el Parlamento islandés a principios de abril y ha entrado en vigor con el nuevo año.

Esta ley va a afectar a las compañías privadas y a los organismos públicos que tengan en plantilla al menos 25 trabajadores. Si no certifican que se ajustan a la nueva política de paridad salarial, las empresas tendrán que hacer frente a sanciones económicas.