La ministra de Justicia comparece en 'El programa de Ana Rosa' para pronunciarse sobre la aprobación de la Ley 'Solo sí es sí'. En su aprobación, se ha quedado fuera la propuesta de enmienda para la abolición de la prostitución en nuestro país. La magistrada defiende la coalición de Gobierno y habla sobre los polémicos indultos concedidos.

Pilar Llop, ministra de Justicia, habla sobre el fracaso de la medida frente a la queja de Unidas Podemos y los postulados de Irene Montero: "Se han aprobado ya 140 leyes en lo que llevamos de esta legislatura, esto está demostrando que somos un Gobierno de coalición donde puede haber distintas opiniones de las distintas fuerzas políticas, pero que responde unánimemente". Además, añade sobre la opinión del pueblo: "Creo que con esto es con lo que se tienen que quedar los ciudadanos, de darle esa seguridad de que es un Gobierno que está centrado en las personas".

En cuanto a la ley, la ministra comenta: "Lo que hace es que se pivote todo el tema de los delitos sobre la libertad sexual, sobre un elemento esencial que es el consentimiento para que nunca nadie presuma en una relación sexual o acceso carnal". La política señala que siempre será necesario que "se exprese de una manera explícita". El Gobierno además, concedió un indulto a María Salmerón, una mujer con antecedente penales, y otro indulto parcial a María Sevilla que aún no se ha formalizado.

"Lo he dicho en muchas ocasiones, ningún maltratador puede ser un buen padre, eso es evidente", declara la ministra. Además, la magistrada añade: "En el caso de la señora Salmerón ya hemos explicado que por cuestiones de aplicación de la ley del indulto, al haber reincidencia y al haber informado negativamente el tribunal sentenciador y el ministerio Fiscal, no ha sido posible concederle el indulto". En cuanto al indulto parcial a María Sevilla, la ministra comenta: "Se le ha rebajado la pena en cuatro meses, ha quedado en dos años de prisión y se ha conmutado la pena privativa para el ejercicio de la patria potestad por otra pena de 180 días de trabajos comunitarios". Llop justifica la decisión del Gobierno: "Sigue existiendo una pena porque se ha cometido un delito".