La carta del padre de Diana Quer por los dos años de su muerte: "Dijo no y pagó con su vida"
Se cumplen dos años de la desaparición y muerte de Diana Quer en A Pobra do Caramiñal, La Coruña. Aquel 22 de agosto de 2016, Diana Quer fue asesinada al regresar a su casa de las fiestas a manos de José Enrique Abuín 'El Chicle'. De los 730 días que han trasncurrido, se necesitaron 500 para encontrar su cuerpo y detener a su asesino.
El padre de Diana Quer, Juan Carlos, ha escrito una carta recordando con emoción a su hija y pide que su muerte no sea en balde. "Desafortunadamente fue Diana, pero cualquier otra joven pudo haber sido la víctima de su confeso asesino", cuenta en su escrito.
Asimismo, Valeria Quer, hermana de Diana, ha publicado un mensaje dedicado a su hermana en el segundo aniversario de la muerte de la joven: "Hoy tú brillas más que ninguna".
Mi hija dijo no, y pagó con su vida la defensa de su integridad como mujer
Se cumplen dos años del asesinato de mi hija Diana a manos de un depredador sexual, cuando regresaba a casa de las fiestas patronales de un tranquilo y bonito pueblo gallego, A Pobra Do Caramiñal.
Desafortunadamente fue Diana, pero cualquier otra joven pudo haber sido la víctima de su confeso asesino que se encontraba aquel 22 de agosto en libertad y no en la cárcel, como debía haber estado, por haber sido condenado a una pena de prisión por un delito de narcotráfico.
Solo el extraordinario trabajo de investigación llevado a cabo por la Guardia Civil posibilitó el hallazgo del cuerpo de mi hija Diana y la detención del responsable de tan brutal e inhumano asesinato. Transcurrieron hasta su aparición 500 días. Su cuerpo se encontró oculto en un pozo, lastrado con ladrillos. Pocos días antes, este mismo individuo había intentado atacar de nuevo a otra joven en la localidad de Boiro para introducirla en el mismo maletero del coche en que metió a la fuerza a Diana. Afortunadamente, la intervención de dos jóvenes que acudieron en su auxilio evitó una nueva tragedia.
Es por ello que en este triste aniversario de su fallecimiento, además de recordar con emoción a Diana, quiero reconocer de nuevo el extraordinario trabajo de la Guardia Civil y demás cuerpos de seguridad del Estado, así como agradecer a todos los ciudadanos españoles sus muestras de cariño y solidaridad. También deseo trasladar a las familias de otras personas desaparecidas mi apoyo incondicional para que nunca cese la búsqueda de sus seres queridos. No solo los delincuentes deben tener derechos en nuestro país. Detrás de cada desaparecido hay una persona, una vida, a la que nuestro Estado de Derecho debe también amparar y proteger.
La trágica muerte de Diana, una chica joven de tan solo 18 años que tenía toda la vida por delante, no puede ni debe quedar en una página de sucesos. Su legado, y el de tantos otros niños, niñas y jóvenes inocentes asesinados, debe contribuir al menos a dar un paso adelante para crear una sociedad más justa y segura para nuestros hijos.
Tras la sentencia de “La Manada” del pasado mes de mayo, todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la necesidad de reformar con urgencia el Código Penal vigente para amparar y proteger los derechos de la mujer frente a los violadores. Yo me sumé desde el principio a esa demanda, porque comparte el objetivo esencial de la campaña que inicié el pasado mes de enero en contra de la derogación de la Prisión Permanente Revisable: proteger a los seres más indefensos y vulnerables de nuestra sociedad, como son las mujeres, y también los menores y las personas con discapacidad.
Esa campaña es hoy un auténtico movimiento ciudadano que en tan pocos meses suma el apoyo de más de tres millones de personas, que firmaron la petición (aún vigente) en Change.org , que impulsamos un grupo de familiares de víctimas inocentes. Un apoyo masivo que es fiel reflejo del sentir mayoritario de nuestra sociedad, pues según las últimas encuestas siete de cada diez españoles –de toda adscripción ideológica– apoyan que no se derogue la Prisión Permanente Revisable, que simplemente establece algo de sentido común: que no se ponga en la calle a criminales extremadamente peligrosos hasta que no se haya acreditado por expertos, a través de exámenes rigurosos y criterios objetivos, que están plenamente rehabilitados y que su puesta en libertad no supone un peligro para la sociedad.
Una pena que está contemplada para los crímenes más atroces cometidos contra mujeres, menores y personas con discapacidad. Una medida que está vigente en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno y que ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una previsión legal que en nuestro país, a pesar de llevar tan solo tres años en nuestro Código Penal y haber sido aplicada en tan solo dos casos, el gobierno actual del PSOE y otros partidos políticos, entre ellos PNV y Unidos Podemos, quieren todavía derogar. Algunos de cuyos dirigentes, que piden públicamente 22 años de cárcel para casos de violación como el de La Manada, califican de modo incomprensible de “inhumana” la pena de Prisión Permanente Revisable, que prevé 25 años de condena cuando la víctima, además de ser violada es asesinada.
Asimismo, deberían de ser conscientes nuestros políticos que no servirá de nada introducir nuevas reformas en nuestro Código Penal para endurecer los delitos de carácter sexual si los condenados por estos hechos, violadores con altísimo riesgo de reincidencia, son posteriormente puestos en libertad antes de certificarse por expertos y criterios objetivos su plena reinserción. Porque el carácter preventivo de la Prisión Permanente Revisable es claro: si quizás no pueda evitar el primer crimen, sí evitará el segundo, o el tercero, o el cuarto…
Baste como ejemplo, uno más de tan siniestra e interminable lista, el reciente caso ocurrido el pasado 15 de julio, donde un violador y asesino, Guillermo Fernández Bueno, se dio a la fuga aprovechando un permiso penitenciario de fin de semana que le había sido concedido por un juez. Este peligroso delincuente, que fue condenado a 26 años de cárcel por dos delitos de violación y el posterior asesinato de una de sus víctimas el año 2002, a la que cortó el cuello con un cuchillo tras violarla, llevaba disfrutando permisos de salida desde el año 2012, tan solo 10 años después de la comisión de sus brutales crímenes. ¿Es esto Justicia?
Afirma el nuevo gobierno que protege y ampara a la mujer y que escucha y representa el sentir de los ciudadanos. Ojalá que así sea, y solo espero que, en consecuencia y por coherencia, cambie su postura para mantener vigente la Pena de Prisión Permanente Revisable.
Mi hija Diana dijo no, y pagó con su vida la defensa de su integridad como mujer. Que su legado contribuya a evitar nuevas víctimas inocentes. Ese seria su deseo.
JUAN CARLOS QUER
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