Multas económicas, retirada de dinero o intervención en las finanzas del Parlament son algunas de las medidas que puede utilizar el gobierno para contrarrestar el desafío soberanista de Junts pel sí y la CUP. Apoyándose en distintas leyes, el presidente del gobierno podría controlar las cuentas de la autonomía, y seguir muy de cerca las actuaciones del gobierno catalán pudiendo destituir a los cargos públicos que cometan infracciones muy graves. Se podría, acogiéndose a la reciente reforma del constitucional, inhabilitar a cargos del parlamento catalán que inclumpan las directrices del tribunal, y la opción más conocida de todas, el artículo 155 de la constitución que supone la suspensión de la autonomía.