El pasado 14 de noviembre se celebró la segunda huelga general convocada por los sindicatos contra la política de recortes del gobierno. Ramón tuvo que hacerla, pero a la fuerza. Ahora viene a pedir responsabilidades a Manuel, un vecino al que acusa de incitar a los piquetes a personarse en su tienda, sellar su persiana con silicona e impedirle así abrir su negocio. Ramón acusa a Manuel, como cabecilla del grupo de piquetes, de intimidarle y amenazarle. Ahora Ramón exige que Manuel les pague el dinero que perdió por no poder abrir su tienda el día de la huelga general y el coste del cerrajero que arregló su persiana. En total, Ramón le reclama a Manuel 650 euros. Manuel se niega en rotundo a pagarle ni un solo euro a Ramón. Él se defiende alegando que no fue quien puso silicona en la cerradura ni quien amenazó a Ramón. ¿Qué dirá la ley en este caso?