Tras retirarse de la política acorralado por las sospechas de corrupción el ex presidente Balear diseñó un plan B que no estaba al alcance de cualquiera. Su fracaso político en las elecciones de 2007 dio paso al triunfo en el ámbito privado de la mano de empresas que siempre le echaron una mano. El ya ex alto cargo popular volaba rumbo a EEUU mientras los investigadores de la Guardia Civil aseguraban que se había enriquecido a costa de comisiones por adjudicaciones de obra y buscaban el rastro de su supuesta fortuna ilegal.
En América le esperaba un retiro dorado en brazos de dos empresas privadas que veían al ex político como un activo brillante capaz de desenvolverse en un sector laboral que desconocía por completo. Tanto, que una asesoría de ámbito global le contrató por un salario anual fijo que partía de 350.000 dólares anuales con un techo máximo de 550.000 más variables.
El plan B funcionaba, tanto como parar servirle de escudo ante la Justicia. La asesoría respondía a la fiscalía estadounidense negándole parcialmente la documentación que solicitaba España a través de comisión rogatoria. Los guardias promotores de la investigación aseguraban en un informe de 2010 no demasiado concreto que acaba de ver la luz que Jaume Matas era sospechoso de haber evadido a paraísos fiscales importantes cantidades de dinero procedentes de sobornos y comisiones por adjudicaciones de obra. Los guardias sí concretaban que Matas había engañado a Hacienda con las compras de su palacete millonario, un piso de 180 metros en Madrid a nombre de un testaferro y un chalet en la costa mallorquina a nombre de su madre pensionista de 82 años de edad. Matas manejaba millones de euros de origen injustificado y sospechaban que lo movía a través de una asesoría que había creado en EEUU.
Cuando Jaume Matas se vio obligado a volver a España para sentarse en el banquillo de uno de sus múltiples procesos parecía que el plan B se desmoronaba. Sin embargo años después, con Matas en prisión condenado por uno de sus procesos, el juez acaba de levantar el secreto de sumario sobre una investigación de cuatro años que no ha conseguido encontrar la fortuna ilegal que supuestamente acumuló lejos de España. El plan B, según los investigadores, todavía funciona.