Crónica de una condena anunciada

Los sicarios que presuntamente organizaron y perpetraron la muerte a tiros del narco Leónidas Vargas en un hospital madrileño acaban de ser condenados por un jurado popular en un veredicto sin piedad. Les consideran autores del asesinato, agravado por planificarlo y cobrar por ello. Se enfrentan a penas de 23 años de cárcel. El pistolero podría ser condenado a 25.

No se les juzgaba por pertenecer a una organización criminal pero los ciudadanos jueces les consideran componentes de una oficina de cobro colombiana y les han condenado por igual, sin diferenciar el papel de cada uno en la muerte del narco. La condena no sólo ha sorprendido a los periodistas, también ha llevado al fiscal a pedir la devolución inmediata del veredicto al jurado por falta de motivación; falta de fundamento de la convicción y el hecho de que se hayan basado en las primeras declaraciones ante la policía. En un juicio con jurado sólo se debe tener en cuenta lo que se reproduce en la sala. Y en la sala lo que el jurado ha visto es que los testigos no les reconocen y en las imágenes de las cámaras del hospital que reproducimos en informativos telecinco no se les identifica. Sólo las conversaciones telefónicas de ese día les delatan ( el azar quiso que uno de los móviles estuviera pinchado por un asunto de drogas).

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Da la impresión de que el jurado ya tenía la idea de que eran culpables y nos tememos que desde el día que declaró el jefe de homicidios que dirigió la investigación. Un buen amigo "picoleto" nos lo había advertido. "El día que declare el instructor, si lo hace bien, encajará todas las piezas del puzzle". Eso mismo fue lo que ocurrió. El policía habló a los jurados, mirándoles a los ojos, convenciéndoles de lo que no estaba tan claro. Si no llegan a protestar los abogados defensores, el poli les explica el organigrama de la oficina de cobro con un powerpoint. Tanto fue así que al terminar la jornada un par de jurados se tropezó en el pasillo de la Audiencia con el investigador y se declararon "conversos" ante él. Eso fue mucho antes de deliberar, y al verlo pensé "ya están condenados". Así se lo trasmití a Ángel y estuvo de acuerdo conmigo (¡será la primera vez!).

Nosotros no juzgamos, pero tampoco nos convencen la supuesta imparcialidad ni la presunta profesionalidad de los jurados populares. Se supone que para condenar a alguien a 23 años de cárcel hay que explicar muy claramente su grado de participación, el papel que han desempeñado en esa historia macabra. Hasta el fiscal, dubitativo y tembloroso durante todo el proceso, también ha reprochado al jurado esa falta de precisión porque sabe que el juicio puede ser declarado nulo por falta de motivación del veredicto.

El juez no parece opinar lo mismo. Don Carlos Ollero, implacable, ha dado el veredicto por válido y no se lo ha hecho revisar a los ciudadanos-jueces. Cuando los periodistas abandonábamos la sala su señoría ha hecho lo que parecía haber olvidado el fiscal, improvisar la vista para decidir si los dos acusados en libertad provisional tenían que dormir en la cárcel o podían esperar a la sentencia para ser encerrados durante 20 años. Lógicamente todos los abogados han rogado clemencia, incluso el fiscal ha entendido que Yuli, embarazada y madre de dos pequeños, no se iba a fugar. Pero Don Carlos la ha enviado a prisión inmediatamente.

Ahora nos preguntamos si ella, que contactó con el pistolero, su ex amante, y le compró un billete de avión para volar a Madrid, aunque fuera con el dinero del jefe de la oficina de cobro, merece el mismo trato que el que recibió el encargo de matar a Leónidas Vargas, diseñó el crimen o disparó el arma.

Citando a mi compañero Ángel: "!!!cuando a mí me toque, que jamás me juzgue un tribunal popular!!!"