SAF, Sindicato Médico y APIA piden en escrito a la Junta que suspenda la Mesa General de Negociación

La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (FASPI), federación de sindicatos integrada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado un escrito a la Consejería de Hacienda y Administración pública de la Junta de Andalucía donde pide que se suspenda la Mesa General Común de Negociación del Empleado Público de la Junta y se convoque de nuevo esa Mesa General "con todos los miembros que legalmente integran y conforman la citada mesa".

En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, estos sindicatos han indicado que se ha convocado la Mesa General de la Función Pública de Andalucía --donde se integran CSIF, CCOO y UGT--, "sin que se haya citado a esta organización sindical, la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), máxime, cuando después de las elecciones sindicales celebradas durante los años 2010 y 2011, esta federación obtuvo el respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo los requisitos de representación que la legislación vigente exige para formar parte de la misma con todos los derechos, como así le consta".

Por ello, estos tres sindicatos profesionales se han unido para "denunciar" lo que consideran "un auténtico despropósito contra el funcionario público andaluz y un discriminatorio recorte económico".

Esta federación asegura que cuenta con "una representatividad total entre los sectores sanitario, educativo y de Administración General de la Junta de Andalucía del 11,74 por ciento en las últimas elecciones sindicales, en cómputo a nivel del sector autonómico", por lo que considera que "supera el requisito mínimo del 10 por ciento exigido por la Ley Orgánica de Libertad Sindical", por lo que estima que "debería formar parte con pleno derecho de la Mesa General de la Función Pública de Andalucía", por lo que expresa "su más enérgica repulsa ante la persistencia de la Administración andaluza en no convocarla a las reuniones de la citada Mesa General".

La Faspi asevera que "por la trascendencia del orden del día de la Mesa de Negociación, en la que se tratarán asuntos que afectan al colectivo funcionarial, y por ende al personal que representamos, debemos estar presentes los representantes legítimos de los trabajadores para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva, reconocido por la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la Ley de órganos de representación".

Esta federación, que reitera que no ha tenido "ningún conocimiento de la convocatoria", ha mostrado "su más absoluto desacuerdo con unas medidas de recorte arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitucionales", por lo que denuncia "la discriminación común que padece el colectivo conformado por los funcionarios de la Junta de Andalucía, que será el único en España que soportará los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año 2014".

Dicha discriminación se une "a otra flagrante discriminación que padecemos los funcionarios andaluces al ser la andaluza la única Administración de España que ha sufrido la pérdida total de las ayudas de acción social, lo cual es especialmente gravoso si atendemos al hecho de que el funcionario andaluz, es el que tiene los complementos retributivos más bajos de entre las distintas comunidades autónomas".

Ha recordado que la reducción de las pagas adicionales "es una medida orientada al cumplimiento de los objetivos de déficit, justificada públicamente en la necesidad de mantenimiento del empleo en el colectivo de 30.000 trabajadores de la denominada 'administración paralela'".

Esta federación considera que "el empecinamiento del Gobierno andaluz en mantener esta Administración paralela de forma artificial e innecesaria, ya que todas las funciones que ostenta han sido detraídas a los funcionarios, no debe ser cargado sobre los propios afectados, sino que, si la Junta de Andalucía persiste en su deseo de mantenerlos, que lo haga a costa de otros fondos o busque otra financiación, si considera que no puede mantenerla, pues que se produzca su liquidación y no se aumente el empleo en la misma, como está ocurriendo, ya que se ha incrementado este colectivo, como es habitual sin mediar oferta de empleo público alguna, en unas 5.000 personas".

A NIVELES DE 2009

Lamenta que "el deterioro retributivo de los funcionarios públicos andaluces ha reducido sus ingresos a la altura de 2009, mientras que el incremento del coste de la vida se ha incrementado de forma progresiva, con la consiguiente merma de la calidad de vida de los afectados".

Esta federación manifiesta su "indignación" ante "unos recortes que inciden brutalmente sobre el funcionario, en beneficio de multitud de conceptos presupuestarios prescindibles y que han permanecido inalterables".

"Es inconcebible que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, los servicios públicos y el personal que accede a la Administración por procedimientos reglados, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos", ha aseverado la Faspi.

Por ello, ante esta situación, estos tres sindicatos solicitan a la Junta por escrito que "deje en suspenso la reunión de la Mesa General, procediendo a convocar de nuevo la Mesa General de Negociación Común de la Función Pública de Andalucía, con todos los miembros que legalmente integran y conforman la citada Mesa, reservándonos las acciones legales que se considere oportunas y cuanto más sea de Ley".